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El PP ha desoído este martes las amenazas de Vox de romper sus Gobiernos en coalición si acepta la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades y, aunque no ha aclarado si apoyará cambiar la ley de extranjería, sí ha defendido una acogida solidaria, siempre que esté acompañada de financiación suficiente.

Así lo ha señalado el portavoz del PP, Borja Sémper, en relación a la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que se celebra mañana en Tenerife, en la que ha pedido al Gobierno "acordar, y no imponer, un sistema de reparto acorde con las capacidades" de los territorios.

Sémper ha defendido que todos los presidentes de su partido "lideran territorios de acogida y son solidarios", pero advierte de que "nadie puede pedirles que ofrezcan más de lo que tienen".

"Entre no atender a los menores no acompañados que proclama Vox y el sí a todo sin distinción que propugna el Gobierno de España existe un sistema de ayuda y solidaridad que defiende el PP, un sistema que debe de contar con recursos y con medios. Ofrecemos solidaridad, sí, pero exigimos medios", ha recalcado.

Sobre las advertencias de Vox, Sémper las ha rechazado, asegurando que "las amenazas y los chantajes con Alberto Núñez Feijóo no funcionan".

Unos avisos, los de Vox, que su líder, Santiago Abascal, ha subrayado este martes, al dejar claro que "romper es romper", por lo que, si ceden a la "presión" del Gobierno y aceptan el reparto por las comunidades, estarán abocados a gobernar en minoría o pactar con el PSOE.

Los presidentes del PP también quitan importancia a los avisos de Vox

También han desoído estas advertencias y pedido más financiación este martes los Gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde precisamente comparten coalición PP y Vox.

En concreto, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que no aceptará "órdagos ni amenazas" sobre este asunto, aunque también ha incidido en la necesidad de un respaldo financiero del Gobierno central para la acogida.

Por su parte, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que también comparte Ejecutivo con el partido de Abascal, ha dicho que espera de la sectorial de mañana una "medalla" a la solidaridad para su región y ha negado poder valorar la propuesta de reforma legal para el reparto porque aún no la conoce.

Desde Ceuta, donde gobierna el PP en solitario, su presidente Juan Jesús Vivas ha dicho estar "convencido" de que su formación no se va a someter a las "presiones" de Vox y sí ha solicitado la reforma de la ley de extranjería por la presión que soportan zonas como la suya, Canarias o Melilla.

Otra comunidad que también se ha manifestado hoy sobre este asunto es el Govern de Cataluña, que ha anunciado que pedirá mañana modificar la propuesta de reparto para que se reconozca su singularidad y el esfuerzo que ya ha realizado en la acogida y acompañamiento de estos jóvenes hasta ahora.

Galicia (PP) ha defendido una distribución "planificada y equitativa" que no admita "autoexclusiones" de ninguna comunidad, en una referencia velada precisamente al caso catalán, y La Rioja (PP) se ha mostrado dispuesta a acoger a los migrantes de acuerdo a su tamaño y con números asumibles.

En la misma línea, Andalucía (PP) ha pedido que se tenga en cuenta "la presión migratoria" de cada comunidad y que se preste la ayuda necesaria a las regiones.

El Gobierno anima al PP a "romper con la ultraderecha"

Mientras tanto, el Gobierno central ha insistido hoy en que la única opción viable para lograr una distribución equitativa de los jóvenes que de solución a la situación crítica en Canarias es cambiar la ley, para lo que es fundamental el apoyo del PP, ya que el Ejecutivo no cuenta con otros apoyos suficientes.

Su portavoz, Pilar Alegría, ha pedido al PP, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que tenga "altura de miras" y actúe con responsabilidad en la reunión de mañana porque es una "oportunidad magnífica para dejar de hacer la ola a la ultraderecha y romper con ella".

Canarias (CC-PP), propulsora de la reforma legal junto al Ejecutivo central, ha dicho tener puestas sus "esperanzas" en la sectorial de mañana para aliviar su situación.

Su presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha augurado que, si esta cita acaba sin acuerdo, sería reconocer que la sociedad tiene "una incapacidad absoluta" de atender digna y humanamente a "los más débiles entre los débiles".

Entre el resto de partidos políticos, Sumar ha defendido que si en la sectorial de mañana no se logra un acuerdo, se apueste por una "obligación de solidaridad" mediante la modificación de la ley.