José Luis Pérez, sobre el estado de alarma: "Se está quedando obsoleto porque no permite el confinamiento"

El Gobierno se empeñó en su día en sacar adelante un estado de alarma larguísimo en el tiempo, y que marcaba una serie de medidas concretas. A partir de ahí, las autonomías debían ajustarse a ese marco legal.

Decían que con ese estado de alarma tan largo ya podríamos superar lo que quedara de la pandemia por coronavirus. Se ve que al presidente del Gobierno le daba mucha pereza tener que acudir cada 15 días a cumplir con ese requisito democrático que es pasar ante la Cámara de los Diputados y que se volviera a votar ese estado de alarma. No solo que se volviera a votar sino que se volviera a ajustar a las necesidades concretas de la pandemia.

Aquel empeño, aquella pereza en acudir al Congreso tiene ahora sus consecuencias. Tiene toda la pinta de que, como muchos dijimos entonces, ese estado de alarma se va a quedar obsoleto. Por desgracia se está quedando ya obsoleto porque es un estado de alarma que no permite lo que ya muchas autonomías están pidiendo. Esto es volver al confinamiento total. Ni siquiera permite detalles como adelantar el toque de queda. De todo esto, están haciendo los políticos un nuevo campo de batallas. Y mientras, las UCI a rebosar. No tenemos tiempo de estupideces políticas porque nos va la vida en ello.

El Gobierno avisa a Castilla y León de que no puede adelantar el toque de queda a las 20.00h.

El Ministerio de Sanidad ha avisado este viernes que en el marco del actual decreto de estado de alarma no cabe la posibilidad de que una comunidad autónoma adelante el toque de queda a las 20 horas, tal y como ha anunciado la Junta de Castilla y León, que aplicará esta medida desde mañana y durante todo el estado de alarma, con posibilidad de flexibilizarlo. "No cabe esa restricción", ha informado el gabinete de Comunicación del Ministerio de Sanidad a través de la delegación del Gobierno en Castilla y León.

En todo caso, el articulo 10 del real decreto del estado de alarma establece la obligación de comunicar previamente al Ministerio de Sanidad las medidas que dicta el presidente de cada comunidad autónoma como autoridad delegada, algo que, por el momento, la Junta no ha realizado, según la delegación del Gobierno.