José María Benito, inspector de Policía: "Para confinar a la gente hay que recurrir al estado de alarma"

José María Benito, inspector de Policía. S. de Relaciones Institucionales y Portavoz de la UFP.VW, expresa su opinión en 'TRECE al día' acerca de la denuncia del juez García-Castellón por las amenazas que ha recibido en las redes sociales y también sobre la actuación de la policía en la calle tras las nuevas medidas tomadas por el Gobierno.

La Policía va a investigar la publicación en redes sociales de mensajes amenazantes contra el juez del caso Dina, Manuel García-Castellón, después de que haya pedido al Supremo que impute al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por varios delitos. El inspector de policía afirma que: “Las redes sociales siempre dejan huella, y por mucho que se pretenda ocultar la identidad de quien vierte esas amenazas, al final es bastante sencillo dar con los autores de estas amenazas y ponerlos a disposición de los jueces".

Respecto a las nuevas medidas tomadas por el Gobierno, José María Benito señala que: “No me extraña que la gente esté hecha un lio porque el común de los ciudadanos estamos en la misma situación”. Y opina, desde el punto de vista policial, que: “Hasta que el Tribunal Superior de Justicia no se pronuncie, es absurdo denunciar, no es que no se pueda, es que absurdo denunciar porque todas las denuncias que hubiéramos puesto estos días con un simple recurso harían que decayeran todas”.

“No me extraña que la gente esté hecha un lio porque el común de los ciudadanos estamos en la misma situación”

El inspector de policía insiste en que: “Los policías lo que necesitamos para trabajar en la calle es seguridad jurídica, es decir, normas que aplicar de cara a los ciudadanos. Nosotros estamos para eso, para cumplir y hacer cumplir la ley".

José María Benito señala: “A partir de ahora, me temo lo peor”. Y explica que “no hay otra posibilidad para confinar a la gente y para cerrar Madrid, que recurrir al estado de alarma, que en sus 15 primeros días no necesita si quiera el visto bueno del Congreso de los Diputados y por tanto es una decisión que puede tomar el Gobierno unilateralmente”.