70.000 millones sin control: los avisos del Consejo de Estado sobre las ayudas de la UE que Sánchez ocultó

El Consejo de Estado no ocultó su preocupación ante el Ejecutivo por la eliminación de "controles" que permitiesen regular el destino de los Fondos Europeos. Este es el balance de la evaluación del real decreto que diseñó Moncloa para crear una nueva estructura y procedimientos, cuyas finalidades eran agilizar su entrega y eliminar los cuellos de botellas en las gestiones de convenios y otros acuerdos para gastar los 70.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez espera recibir de Bruselas hasta el año 2023.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de diciembre un real decreto con medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para permitir la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y resiliencia. Jornadas antes, el Consejo de Estado hizo sus valoraciones, que fueron ocultadas por el Gobierno de Sánchez en la fase de aprobación celebrada en el Congreso de los Diputados.

El Informe del Consejo, compuesto de 97 páginas, no tenía carácter vinculante, por ello el Ejecutivo decidió ocultarlo en la Cámara Baja. Decisión que fue muy criticada por el Partido Popular, que hace unas semanas lideró en el Congreso una reclamación para que Sánchez diera información sobre las observaciones que se redactaron respecto a este decreto. Por su parte, desde Moncloa se señala que todas estas puntualizaciones han sido tomadas en cuenta, aunque no fue así del todo, ya que respecto a las subvenciones, no deben tener la autorización del Consejo de Ministros ni tampoco del Ministerio de Hacienda.

Algunas de las principales puntualizaciones del Consejo de Estado hacen referencias a algunas de las intenciones más llamativas del Gobierno, como la de relajar los controles y aligerar los cuellos de botella de la administración para hacer la entrega de estas subvenciones: "No parece acertado que la simplificación de trámites se acompañe, necesariamente y en todo caso, de una significativa reducción de los diferentes mecanismos de control previstos en el ordenamiento para garantizar una recta asignación de los fondos recibidos".

"Preocupa en especial, a este Consejo de Estado la opción de suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción de este tipo de convenios máxime si esta eliminación se pone en conexión con la ampliación de la duración prevista para los mismos", ha señalado el Consejo de Estado en dicho informe.

Informes perceptivos

El Ejecutivo de Sánchez buscaba que la tramitación de los convenios, pudiera culminarse incluso aunque no estuvieran redactados los informes perceptivos. El organismo acepta que el proceso continúe aunque no estuvieran listos, pero que no concluyese sin ellos: "El procedimiento no podrá ser resulto expresamente en tanto no hayan sido emitidos todos los informes preceptivos que hayan de recabarse". Su omisión, advierte el Consejo de Estado, puede provocar la "nulidad del convenio", ya que "dichos informes cumplen una función relevante para garantizar su legalidad y acierto".

Importancia de la fiscalización previa

El Gobierno quería evitar la intervención, algo que desde el Consejo se pidió una reconsideración de la eliminación de la "fiscalización previa" que el Ejecutivo contemplaba para "expedientes que se financien con cargo de los fondos de los Planes Next Generation UE". Por ello, el Consejo pide que "la regla general debe ser la sujeción a fiscalización previa y solo excepcionalmente, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, para supuestos tasados y con la debida motivación, debiera admitirse la exclusión de la función interventora".

Carácter de urgencia en las tramitaciones

Moncloa buscaba tramitar con carácter de urgencia los procedimientos administrativos de ejecución de gastos con cargo a los fondos europeos, reduciendo los plazos a la mitad, pero solo aquellos supuestos en los que los informes se soliciten a otra Administración o a un órgano u organismo dotado de especial independencia o autonomía. En este sentido, el Consejo de Estado considera más "coherente" que se realice dentro de la misma administración, por ejemplo la Administración General del Estado.

Control de las subvenciones

El informe señala que el Tribunal de Cuentas "ha subrayado la necesidad de articular los mecanismos precisos para un control efectivo de los fondos públicos destinados a subvenciones" y cuestiona "la supresión generalizada del informe de la Intervención Delegada".

También plantean "dudas sobre la eliminación del informe del ministerio de Hacienda para el otorgamiento de subvenciones, cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". Esta idea fue defendida por el Gobierno, ya que consideraba que ante "los supuestos en que excepcionalmente se admite la concesión directa de la subvención, cobran todo el sentido los mecanismos de control adicional respecto del régimen general de las subvenciones".

En este punto, el Gobierno mantuvo su idea inicial, dejando en un segundo plano la recomendación del Consejo de Estado respecto a la concesión de subvenciones a cargos de los fondos europeos: "No será exigible la autorización del Consejo de Ministros y tampoco será necesario el informe del Ministerio de Hacienda para el otorgamiento de las subvenciones cuando se acredite un interés público, social, económico o humanitario, u otras que debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública".

La importancia de una memoria completa

Aunque no ha solicitado una modificación completa, El Consejo de Estado despertó su interés al no ver una memoria económica detalles que acompañara al decreto, y sobre las incoherencias acerca de la acreditación que deben tener las empresas para asegurar que están preparadas para poder realizar los proyectos financiados con el fondo europeo.

En una primera instancia, el Consejo constata que sería necesaria la incorporación de una "memoria de análisis de impacto normativo", y también económico, en particular sobre el aumento del gasto público que supondría la intención de reforzar la gestión de los fondos europeos, destinando una mayor capacidad económica a funcionarios públicos para el desarrollo de estas tareas. En este punto, el Consejo de Estado pide analizar "la exigencia del análisis presupuestario", que debía hacer "al menos una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos".

Por otra parte, también solicita que se matice un punto que bajo su consideración es abstracto. Este párrafo señala que las empresas que estén interesadas en un proyecto estratégico tienen que estar registradas en un registro que demostrar que cumplen con la capacidad para llevar a cabo los trabajos, pero también pueden estar vinculadas al desarrollo de un PERTE.

Aviso del control de Europa

El Consejo de Estado pide que se cumplan todas estas advertencias para garantizar una adecuada y eficiente asignación de recursos. En este punto, se señala que las autoridades comunitarias están realizando un control, en alusión al peligro que puede suponer una mala gestión de las ayudas: "La Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos, lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos".

Aprobación a la arquitectura institucional

El Consejo de Estado dio su aprobado a la estructura de gobernanza diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para decidir en qué invertir los millones recibidos a través de esta subvención de Bruselas. También aprobaron el modo propuesta para gestionar los órganos de decisión relacionados con la realización de proyectos y la participación de las empresas o consorcios empresariales, catalogando este punto como "estructuras de gobernanza ambiciosas", pero "en cierto modo complejas" debido a la multitud de órganos que deberían intervenir.

Esta puntualización se produce debido a la reciente creación de varios órganos, como la Comisión Interministerial para la Recuperación, Transformación y Resiliencia o el Comité Técnico que, junto a los ministerios adscritos y el propio gabinete del presidente, serán fundamentales para la gestión de los fondos. En este punto, el Consejo de Estado pide una mayor precisión en quién forma el Comité Técnico, dado el importante papel que tiene en el futuro de estos fondos.