Bibliotecarios piden bibliotecas públicas en municipios de 2.000 habitantes

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid) ha reclamado este jueves en el Senado que la obligatoriedad de tener una biblioteca pública se aplique a los municipios mayores de 2.000 habitantes.

Así se desprende del informe, realizado por Óscar Arroyo y titulado "Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España", que ha presentado Fesabid, en el que parten como punto de referencia que solo los municipios con más de 5.000 habitantes están obligados en la actualidad a tener bibliotecas públicas.

Por eso, la primera de las propuestas de futuro desde esta federación es que se modifique la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 26.1 b) y que se establezca la obligatoriedad de que esta obligatoriedad se lleve a los municipios mayores de 2.000 habitantes.

En concreto, esta medida supone "la consolidación legal de una realidad ya muy extendida" porque la mayor parte de municipios ya cuentan con biblioteca pública, y su obligatoriedad está contemplada en la mayor parte de legislaciones autonómicas.

Pero su propuesta permitiría "la adecuada financiación de la competencia a través de las asignaciones presupuestarias estatales sin posibilidad de caer en trabas administrativas derivadas de la consideración de la biblioteca pública como servicio un impropio de estos Ayuntamientos".

La segunda propuesta de la federación, según el informe, es establecer en la legislación estatal de carácter básico la "obligación" del conjunto de administraciones públicas de ofrecer servicios bibliotecarios de "carácter público en todos los municipios del Estado" para lo cual solicitan la implicación de las Diputaciones provinciales.

"El papel de las Diputaciones provinciales o administraciones análogas, rara vez está claro en materia bibliotecaria. Su finalidad esencial como administración de apoyo al ámbito local, sobre todo en el caso de los municipios de menor población y en consecuencia menor capacidad, hace del todo incomprensible su absoluta falta de interés en un servicio público tan esencial como es el bibliotecario de acceso a la información, la cultura y encuentro social", matiza el informe.

En tercer lugar, el documento propone la renovación de las legislaciones bibliotecarias autonómicas, sobre todo en aquellas autonomías que cuenten con leyes bibliotecarias con más de 15 años de vigencia.

En este sentido -según detalla el texto- es necesaria la modificación legal de aquellas normas que no incluyan de forma clara una distribución competencial de responsabilidades entre las administraciones autonómica, provincial o insular y municipal; o las que no dejan resueltas y garantizadas las responsabilidades de financiación.

Del mismo modo, según Fesabid, a las legislaciones autonómicas les debe corresponder delimitar las condiciones mínimas de los servicios de dichas bibliotecas; pero en ningún caso deberían estar por debajo de un horario de apertura de cinco días semanales y con un/a profesional al frente.

Asimismo, entre sus propuestas de futuro están la de simplificar las estructuras bibliotecarias de los sistemas y las redes bibliotecarias, redefinir el modelo de servicio biliotecario móvil, o potenciar los servicios virtuales y de extensión bibliotecaria.

La presentación ha contado con la participación de representantes de la Comisión de Cultura del Senado, del Gobierno de Canarias, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Presidenta de Fesabid, Alicia Sellés.