Castells plantea si hay que reformar el sistema de elección de los rectores

¿Es óptimo el actual sistema de elección de los rectores? ¿Hay que revisar la financiación de la Universidad? ¿Y dar más voz a los alumnos? Son preguntas que está formulando el Ministerio de Universidades a grupos políticos, autonomías y agentes sociales para diseñar una amplia reforma del sistema universitario.

En vez de plantear un borrador de la futura Ley Orgánica de Organización del Sistema Universitario (LOSU), que se prevé tener redactada en otoño, el ministro Manuel Castells ha optado por enviar una especie de fichas a los agentes implicados, que desarrolla a lo largo de quince páginas y a las que ha tenido acceso EFE.

Los elementos estratégicos identificados por el ministerio en el marco de la LOSU para trabajar en consulta con los grupos parlamentarios, órganos colegiados y organizaciones sociales giran en torno a gobernanza y estructura universitaria; financiación; docencia e investigación; estudiantes, y personal docente e investigador (PDI).

Dentro del primer punto, el departamento de Castells plantea si hay mejores opciones a los actuales sistemas de elección del rector, del decanato y de los responsables de departamento, y abre el debate sobre si hay que cambiar también los mecanismos de participación y control de gestión universitaria.

"En relación con la elección del rector o rectora, ¿consideráis óptimo el sistema de elección como está planteado en la actualidad? ¿Cuáles son las posibles opciones? Siempre teniendo en cuenta la importancia histórica del sufragio en el sistema universitario español. ¿Quién puede ser rector/a? También existe un debate sobre la duración de los periodos de mandato y cantidad de estos", añade.

En el segundo epígrafe, el Ministerio de Universidades apunta a revisar el modelo de financiación y a "una posible reforma del régimen económico-financiero de las universidades. Es necesario garantizar la financiación suficiente de las universidades públicas y se ha identificado una necesidad de aumento de esa financiación".

Según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), el presupuesto de gasto de las universidades se sitúa en torno a los 9.000 millones de euros (2018), de los que un 67% son gastos de personal y 14% gastos en bienes y servicios. En resumen, más de un 80% de su presupuesto se dedica a gastos corrientes.

El 18% de los ingresos procede de precios públicos y tasas, y más del 65% de las transferencias de las comunidades autónomas, recuerda el documento oficial, que destaca que la financiación entre 2008 y 2018 descendió un 21%.

Tras subrayar que hay una gran diversidad de modelos según comunidades autónomas y "significativas" divergencias de esfuerzo de financiación de las universidades en función de la administración educativa de adscripción, se pregunta acerca de la conveniencia de revisar el modelo.

"¿Sería positivo establecer un marco común para todas? En la comunidad universitaria hay agentes que proponen garantizar un porcentaje mínimo de financiación a las universidades en el PIB de cada comunidad autónoma, ¿qué consideráis de esta medida?", afirma.

Abre asimismo el debate respecto a si es posible caminar hacia un sistema que lleve a la gratuidad -un modelo que defiende Castells- y si es una opción establecer la progresividad según renta.

En cuanto al capítulo referido a la investigación, el Ministerio propugna establecer un entorno equilibrado tanto a la investigación como a la docencia, impulsar la I+D+i en el marco internacional, así como la movilidad, la "equidad de género" y el apoyo a los jóvenes investigadores.

En cuanto a los estudiantes, el documento abre el debate sobre su petición de tener más participación en los órganos democráticos y colegiados, reformar el sistema de acceso a la Universidad (EBAU) y evaluar los actuales requisitos para tener derecho a una beca.