VÍCTIMAS TERRORISMO

Covite denuncia apoyo oficial de 2 ayuntamientos de Gipuzkoa a presos de ETA

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha pedido al Ararteko que investigue la "actividad institucional a favor de los presos de ETA" que llevan a cabo "desde hace años" los ayuntamientos de los municipios guipuzcoanos de Lizartza y Ataun, ambos gobernados por EH Bildu.

Agencia EFE

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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ha pedido al Ararteko que investigue la "actividad institucional a favor de los presos de ETA" que llevan a cabo "desde hace años" los ayuntamientos de los municipios guipuzcoanos de Lizartza y Ataun, ambos gobernados por EH Bildu.

Covite ha remitido un escrito al defensor del pueblo vasco, Manuel Lezertua, en el que sostiene que las cuentas oficiales de redes sociales de estos dos ayuntamientos publican habitualmente mensajes de apoyo a los presos de ETA, por lo que "es de suponer que en otros ámbitos institucionales también dirijan su actividad en este sentido".

La asociación detalla que las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram del Ayuntamiento de Lizartza llevan desde 2019 compartiendo mensajes en favor de los reclusos de ETA y de la amnistía, así como de la red ciudadana Sare, cuyas manifestaciones promueve "haciendo, en cierta manera, de portavoz de esta plataforma cuyo objetivo es lograr la impunidad de los presos de ETA".

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Ataun también anuncia actos de Sare y Etxerat (la asociación de familiares de presos de ETA) y lanza mensajes directos de apoyo a los "presos y huidos" de la organización terrorista.

Covite adjunta en su escrito numerosas capturas y ejemplos de estos mensajes, así como otras comunicaciones, con documentos municipales, para acreditar que se trata de cuentas oficiales de ambos ayuntamientos.

La asociación pide al Ararteko (defensor del pueblo del País Vasco) que exija a los dos consistorios "cesar inmediatamente sus actividades de apoyo a los presos de ETA y asociaciones adláteres, que trabajan únicamente por lograr su impunidad, ya que infringe la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo".

A su juicio, la actividad de estos dos ayuntamientos "no solo infringe esa ley sino que también viola la neutralidad política a la que se debe toda actividad institucional".

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