Dolores Delgado: una situación incómoda para la Justicia

Cuando aparece el nombre de Dolores Delgado no suele ser por una noticia positiva, señalan a COPE fuentes jurídicas. Su situación no es cómoda para la carrera fiscal. No les beneficia que haya salido del Ministerio de Justicia ni de una candidatura del PSOE directamente para la Fiscalía General del Estado. Crea desprestigio al Ministerio Público, afecta a la Institución. Es tóxico para la administración de Justicia, manifiestan. También hacen referencia a su relación con Baltasar Garzón y su defensa en determinadas causas, como el “caso Tándem”.

Con la deliberación del Tribunal Supremo a la vista sobre su designación, Dolores Delgado no se ha dejado ver en las últimas semanas, incluso suspendió alguna aparición pública. Todo de cara a su trabajo. Sólo quiere exponerse en sitios seguros, nos dicen. Según fuentes jurídicas, a la vuelta del verano tanto ella como su equipo estaban visiblemente nerviosos, se rumoreaba en ese momento que podía dimitir. Nerviosismo que se calmó.

Son muchos en el mundo de la Justicia los que consideran que Delgado no es la persona más idónea para estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Entre ellos siete vocales del CGPJ, del sector conservador, que presentaron un voto particular al emitir el informe sobre los requisitos, informe que no es vinculante. El Consejo no quiso pronunciarse sobre la idoneidad, el presidente Carlos Lesmes no lo llevó al pleno.

En la Fiscalía hay cierto malestar porque no sea el pleno de la Sala Contencioso-Administrativo quien decida sobre los recursos presentados contra el nombramiento de Dolores Delgado. Algo que ha creado cierta tensión en el propio Tribunal. Nueve magistrados pidieron que se elevara a pleno pero no llegaron al quórum necesario para solicitarlo y el caso se queda con los seis magistrados de la Sección Cuarta más el Presidente de la Sala, César Tolosa. Una decisión intermedia. La clave estará en la apariencia de imparcialidad, aunque los magistrados, de mayoría progresista, primero tienen que decidir sobre la legitimidad de los partidos políticos para recurrir. En este caso VOX y PP.