El TC estudia el recurso de una mujer que dio a luz en el hospital por orden judicial: el feto corría peligro

Ocurrió hace tres años. Nos remontamos a abril de 2019, en Oviedo. La mujer tenía la intención de dar a luz en casa y era controlada por los servicios médicos del Hospital Universitario Central de Asturias, el HUCA, pero en la semana 35 del embarazo dejó de acudir a los controles médicos. Estaba en manos, exclusivamente, de una comadrona. Al acercarse la fecha del parto, el HUCA se pone en contacto con ella y comprueba que hay riesgo de muerte para el feto.

El Jefe de Obstetricia se refiere a “riesgo de hipoxia fetal y muerte intrauterina” en un escrito que envía al Subdirector de Servicios Quirúrgicos del Servicio de Salud de Asturias. También observa peligro para la madre. Actúa de oficio y envía el informe al juzgado de guardia en el que hace constar que la paciente quiere parir de forma natural en casa, en un parto asistido por matronas. Pero el bebé que va a nacer también es su paciente, y había peligro para los dos, para la madre y para el niño.

El juzgado, con el apoyo del fiscal, y teniendo en cuenta el informe médico, acuerda el ingreso obligado para parto inducido. Pide a la Policía Local de Oviedo un vehículo medicalizado y cuando llegan los agentes la comadrona se niega. Cuestiona la legalidad de la decisión del juzgado.

Con contracciones, la mujer fue ingresada en el hospital y se le tuvo que practicar una cesárea de urgencia, con nacimiento normal del neonato. Se cruzaron recursos e informes médicos. Informes que no descartaban intervenciones quirúrgicas, y que se referían a la intolerancia de la epidural y presentación anómala del feto.

En los recursos, la mujer alegaba “trato humillante, vejatorio, sufrimiento físico y psíquico, vulneración de varios derechos y daño moral”. Algo que negó el juzgado y que corroboró la Audiencia Provincial de Asturias, que apoyó, también, que la mujer fuera ingresada en el hospital para dar a luz. Y las asociaciones de jueces defendieron la decisión del juez. Ante el Tribunal Constitucional, entre otros argumentos, alega privación de libertad, vulneración del derecho a la intimidad individual, personal, familiar y libertad ideológica.