La Fiscalía pide al juez Llarena que reactive las euroórdenes contra Puigdemont y Comín

La Fiscalía ha solicitado al instructor del 'procés', Pablo Llarena, que reactive las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su ex consejero Toni Comín para que sean entregado a España desde Bélgica, donde se encuentran, para poder continuar el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Los fiscales del 'procés' han dado este paso después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara el 5 de julio la inmunidad de la que gozaban cautelarmente ambos eurodiputados, dando vía libre así al Tribunal Supremo (TS) para reactivar las euroórdenes. Puigdemont ha reaccionado a esta medida con el siguiente mensaje: "un día eres decisivo para formar gobierno en España y al día siguiente ordenan tu arresto".

Además de las euroórdenes, Fiscalía ha solicitado que se emita orden de busca y captura internacional contra ambos por si fuera necesario tramitar solicitud de extradición.

Aunque Puigdemont y Comín aún pueden recurrir en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE la sentencia que el pasado 5 de julio les retiró la inmunidad como europarlamentarios, la Fiscalía destaca que ese recurso no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia previa.

"En conclusión, la retirada de la inmunidad por el Parlamento Europeo ha sido confirmada en sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea, de modo que teniendo en cuenta su situación personal -huidos de la justicia y en rebeldía- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023", subraya el Ministerio Público.

En ese auto, dictado tras la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición y modificó el de malversación, Llarena adaptó la imputación de Puigdemont y Comín, ciñéndola a los delitos de malversación y desobediencia.

La Fiscalía sostiene que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, que permite a la justicia española dictar orden de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses.