El Gobierno justifica el indulto a Cuixart por "el interés general del país"

El Ejecutivo razona que dejarle en prisión dificulta las relaciones entre Cataluña y España

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Jordi Cuixart ya es un hombre libre. El presidente de Òmnium Cultural afirmó este miércoles a su salida de prisión que, si él y el resto de presos por el 1-O han salido de la cárcel con los indultos, ha sido gracias a la presión de Europa y de la sociedad catalana: "El Estado no nos ha podido aguantar más días en de la cárcel".

"Que nadie se equivoque, que nadie se confunda. Si hoy los presos políticos estamos fuera es porque el Estado no nos ha podido aguantar más días dentro de la cárcel, no han sido capaces", ha dicho su intervención en el acto después de salir de la cárcel al haber sido indultados por el Gobierno.

Resulta curiosas, sin embargo, las justificaciones que el Gobierno ha dado para conceder el indulto a Cuixart, condenado a nueve años de prisión por su papel “decisivo” en la sedición orquestada por el Govern, con su “indiscutida capacidad de liderazgo y estrecho contacto con los dirigentes políticos nacionalistas”. El Gobierno concedió este martes el indulto parcial al líder social del 1-O, que extingue la pena de prisión pendiente de cumplimiento, pero mantiene la inhabilitación absoluta.

El propio expediente del gobierno reconoce que no hay motivos claros para que Cuixart sea merecedor del indulto, pero destada que “una parte importante de la ciudadanía catalana comparte sus objetivos políticos”. En este sentido, el Ejecutivo de Sánchez razona que "el castigo penal ofrece una utilidad limitada a la hora de pacificar situaciones de conflicto" como la que vive Cataluña y que, en ocasiones, "el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas del conflicto, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados".

Por este motivo, el mantenimiento en prisión del líder de Òmnium Cultural "se plantea como un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto". El Ejecutivo reconoce que "la posición preeminente" de Cuixart en la sociedad civil catalana independentista "es indudable" y, aunque "no puede ni debe minimizarse la gravedad de lo ocurrido en Catalunya en el otoño de 2017", opta por un "gesto de distensión".

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