Interior acerca al País Vasco a dos etarras con condenas por atentados y concede la semilibertad a un tercero

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado este lunes el traslado de los internos condenados por terrorismo Álvaro Juan Arri Pascual y Josune Oña Ispizúa, con penas de 30 y 25 años por delitos de atentado, así como progresar al tercer grado o al régimen de semilibertad a José Ramón Foruria Zubialdea.

Prisiones ha autorizado que Álvaro Juan Arri Pascual sea trasladado de la prisión Castellón II al Centro Penitenciario de Burgos cuando las condiciones sanitarias por el Covid-19 lo permitan. Ingresó en prisión el 22 de abril de 2003 y cumple una condena de 30 años por asesinatos, estragos y atentados.

El Tribunal Supremo lo condenó a 208 años de cárcel por su participación en el atentado cometido el 29 de julio de 1994 en la Plaza de Ramales en el que fallecieron el teniente general Francisco Veguillas, el conductor de su vehículo y un trabajador que descargaba en el lugar.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha censurado esta decisión que, en su opinión, "confirma la voluntad de Interior de trasladar a presos con delitos de sangre iniciado con el acercamiento de Arregi Erostarbe, 'Fiti', el pasado mes de diciembre". "Esto supone, sin lugar a dudas, una progresión más en su política de traslados que en un primer momento se limitaba a presos sin delitos de sangre", han señalado.

Arri Pascual cumplió las tres cuartas partes de la condena en junio de 2018 y "ha aceptado la legalidad penitenciaria", según Interior. En su caso, es la junta de tratamiento del Centro Penitenciario Castellón II la que propone su progresión a segundo grado y traslado a centro próximo a su vinculación familiar.

Prisiones también ha autorizado el acercamiento de Josune Oña Ispizúa, que será trasladada desde el Centro Penitenciario de Alicante al de Logroño cuando se levanten las restricciones derivadas de la Covid-19. En su caso fue condenada por participar en el atentado del 14 de septiembre de 2003 en el alto de Herrera (Álava) en el que murió el también terrorista Arkaitz Otazua y resultaron heridos dos miembros de la Ertaintza.

Oña Ispizúa ingresó en prisión el 29 de julio de 2004 y tiene una condena de 25 años por los delitos de colaboración con banda armada, atentado, falsificación de documento público y tenencia ilícita de armas.

Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2023 y, según Interior, "ha aceptado la legalidad penitenciaria", de ahí que la junta de tratamiento proponga su progresión a segundo grado y traslado al centro cercano a su entorno familiar.

PROGRESIÓN AL TERCER GRADO

La Secretaría General de Instituciones Penitenciaras ha resuelto además progresar a tercer grado al interno José Ramón Foruria Zubialdea. Ingresó en prisión el 26 de septiembre de 2003 y cumple 30 años de condena por el delito de atentado. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en noviembre de 2024.

En la actualidad Foruria Zubialdea cumple condena en segundo grado, con control telemático, fuera del centro penitenciario. La junta de tratamiento de la prisión de Bilbao, de la que depende, ha propuesto su progresión a tercer grado, en aplicación del artículo 104 del Reglamento Penitenciario, "por razones amparadas por la Ley de Protección de Datos".

Foruria Zubialdea fue condenado en 2015 tras ser entregado por Venezuela tras probarse su participación en un atentado del 'comando Eibar' en el que fallecieron cuatro guardias civiles el 20 de septiembre de 1980.

Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se han aprobado una treintena de acercamientos a cárceles próximas al País Vasco de presos de ETA, así como otros tantas progresiones de grado. Según la AVT, son cinco ya las progresiones al tercer grado de presos de ETA, incluyendo la de Gorka Fraile y las tres de finales de abril.

El 30 de abril, Instituciones Penitenciarias concedió la progresión al tercer grado de otros tres presos de ETA: Javier Aguirre Ibañez, Yagoba Codo Callejo y Fernando Alonso Abad. La decisión fue censurada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que pide que se exija la colaboración con la Justicia como muestra de arrepentimiento y de pronóstico de reinserción favorable, una exigencia que ha reiterado este lunes.