El juzgado de Instrucción seguirá investigando el rescate de Plus Ultra y rechaza el recurso presentado

El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid continuará investigando el rescate de 53 millones de euros de ayudas públicas otorgado a la aerolínea Plus Ultra, tras rechazar el recurso presentado por la compañía en el que alegaba que el plazo de instrucción ha caducado.

En su auto, la juez Esperanza Collazos rechaza el argumento de la aerolínea de que todas las diligencias ordenadas después del 8 de abril no son válidas, por lo que la magistrada citará a declarar como imputada a la aerolínea.

La compañía ya ha anunciado que recurrirá esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid, y destaca en un comunicado que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han respaldado sus argumentos, por lo que pedirá el archivo de la causa.

Asimismo, recuerda que las diligencias realizadas hasta hoy "no han aportado elemento alguno que pruebe que la empresa no cumpliera con los requisitos exigidos para recibir el préstamo de la SEPI".

La declaración de Plus Ultra estaba prevista para el pasado 25 de mayo providencia atendiendo a la solicitud de Vox, que figura como acusación popular, pero se suspendió ante la imposibilidad de resolver en el plazo establecido el recurso presentado por la compañía.

Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

El pasado mes de abril, la jueza inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.

En su auto, la magistrada indicaba que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Entre los miembros del consejo de la SEPI figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

Ante la magistrada si han declarado los peritos de las partes, que ratificaron sus informes previos difiriendo sobre si la compañía cumplía o no con los requisitos para acceder a esta financiación.

Los expertos designados por el juzgado insistieron en que Plus Ultra era una empresa con visos de insolvencia a cierre de 2019, lo que habría conllevado no poder optar a los fondos, dictamen que fue rechazado por los técnicos de la SEPI, Deloitte y DC Advisors, que señalaron que la aerolínea no estaba en causa de disolución en el momento en el que obtuvieron las ayudas.