Las claves de la Ley de Educación madrileña que quiere implantar Cristina Cifuentes

La Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) es una proposición de ley elaborada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para redefinir la situación de las universidades públicas y privadas en la región. Las negociaciones entre el Ejecutivo de Cifuentes y los representantes rectorales culminaron en 2016 con la publicación del primer texto, pero estuvieron envueltas en una gran opacidad, y las continuas reclamaciones de la comunidad universitaria han provocado su aplazamiento en el tiempo.

El trayecto de la LEMES

A mediados del pasado 2016 aparecía el primer borrador, en cuyo proceso habían intervenido el Director General de Universidades y diversos representantes de equipos rectorales y universidades privadas de Madrid. En él aparecían como principales objetivos “premiar el mérito académico, atraer talento nacional e internacional, potenciar la investigación y colocar a los campus madrileños en condiciones de competir con los mejores de España y del mundo”.

Sin embargo, los rectores no estaban completamente contentos con el resultado. Fue así como en septiembre de 2017 se publicó un nuevo texto del anteproyecto de ley con una serie de modificaciones, que tenían como objetivo dotar de un sistema de financiación a las universidades públicas y endurecer los requisitos para crear universidades privadas.

La intención de la Comunidad era que ese borrador entrara en el Parlamento madrileño sobre noviembre y pudiera ver la luz definitiva entre Semana Santa y verano. De este modo, el curso 2018-2019 hubiera empezado ya respaldado por la nueva Ley. Los plazos no se cumplieron por las continuas quejas del sector estudiantil y los sindicatos, que reivindicaban un papel más participativo y abierto en el debate de la elaboración de la ley.

La oposición del PSOE y de Podemos en la Asamblea de Madrid también contribuyó a aplazar la publicación de la polémica ley. Ambos partidos llegaron a presentar en enero de este mismo año más de 700 enmiendas (lo que en la práctica supone una revisión completa del segundo borrador del texto) que fueron llevadas al pleno asambleario.

El episodio más extraño lo protagonizó Cristina Cifuentes, cuando en enero de este mismo año se olvidó de votar en contra de una enmienda a la totalidad de Podemos, provocando que esta saliera adelante. El PP decidió entonces retirar el proyecto de ley del proceso de tramitación política, afirmando que volvería a presentar “el texto original de la LEMES” en cuanto pudieran; una medida que los partidos de la oposición cuestionaban por su posible ilegalidad.

¿Qué defiende la LEMES?

En materia de financiación de las universidades públicas, se establecen tres mecanismos: la financiación básica (per se), los contratos-programa; a través de los cuales los centros ganan incentivos cumpliendo objetivos que han acordado previamente con el Gobierno madrileño; y las convocatorias públicas competitivas. Por otro lado, la ley contempla una normativa específica para que las universidades privadas puedan recibir sanciones ante posibles faltas, que pueden derivar incluso en el cierre. Finalmente, se contempla la creación de un Consejo de Estudiantes Universitario para fomentar la participación de los alumnos en la evaluación del profesorado.

En materia de investigación, se crea la controvertida figura del “profesor visitante distinguido”, única en toda España. La Agencia Madrileña Madri+D se encargaría de autorizar a aquellos profesores extranjeros que quisieran una estancia en las universidades madrileñas por un período no superior a 5 años. Lo que pretende la ley es agilizar los procesos administrativos para atraer profesionales que permitan a los centros educativos tener un mayor prestigio internacional.

Esto puede suponer, efectivamente, un gran impulso para la internacionalización de las universidades, pero la existencia de cláusulas que permiten a estos profesores trasladarse a una universidad madrileña sin autorización previa supone un factor excesivamente discrecional, sobre todo por el hecho de que están bajo la supervisión de un organismo parcial que depende directamente del Gobierno de la Comunidad.

También se crean los Centros y los Grupos de Investigación de Alto Rendimiento, que dotan de mayor autonomía a los investigadores para desarrollar sus funciones y lograr objetivos académicos y económicos (recordemos que el Gobierno destina a estos colectivos una parte de su financiación). También se fomentan las alianzas de investigación con centros de otras comunidades, y se establece una agencia privada para evaluar el trabajo de los consejos sociales de las universidades.

En definitiva, si bien es cierto que la ley propone nuevos patrones para intentar modernizar el sistema universitario madrileño, ignora otros aspectos importantes como la precariedad de sus trabajadores o las elevadas tasas de acceso a los grados y los másteres públicos. Es difícil imaginar cómo una ley que prioriza de tal forma el ascenso de las universidades en los ranking de prestigio, hasta el punto de dividirlas en función de su capacidad competitiva, podría tener el amparo social o el consenso político necesario para salir adelante.

Puedes consultar el anteproyecto de la LEMES completo en este enlace.