El ministro de Justicia cree que es el momento de hacer reformas legales como alternativas al estado de alarma

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado este jueves que "ahora" es el momento para "reflexionar" si es necesario "modificar normativas" como un posible plan alternativo al estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus y que concluye el próximo 7 de junio si el Gobierno no consigue su prórroga en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención en el 'Foro Justicia', organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Campo ha insistido en que con la aprobación del real decreto-ley del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, "nadie pierde sus competencias", sino que se ha producido un "exceso de coordinación" entre el Gobierno y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia para gestionar la crisis sanitaria.

En este sentido, ha explicado que en marzo no era posible un plan b porque el único instrumento legal que permitía controlar la pandemia era el estado alarma, "que es el más benigno de los tres que establece" la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio. "No estábamos preparados", ha dicho.

Así, el ministro ha señalado que "el derecho siempre va a remolque de los problemas de la sociedad" y que "ahora" es cuando "de una manera serena" se tiene que "reflexionar si es necesario articular, modificar normativas, que nos permita abordar una situación actual con otros instrumentos legales".

Campo ha aseverado que el deber del Gobierno ante una crisis sanitaria es "estar a la altura de esa complicación" y responder "lo mejor posible a lo que la sociedad demanda". En este sentido, ha defendido que el Ejecutivo y el presidente, Pedro Sánchez, "ha seguido unas pautas marcadas por las autoridades sanitarias" ya que "tenía claro" que no podía haber "cuestiones de oportunidad políticas".

CAMBIO DE CRITERIOS

El ministro ha alegado también que las directrices sanitarias han ido "cambiando casi a diario" porque "desconocemos el comportamiento del coronavirus". "Estoy convencido de que habrá muchos errores, pero insisto en que todas las decisiones que ha tomado este Gobierno lo ha hecho atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias", ha afirmado.

Con todo ello, ha enfatizado que la única "manera de combatir" el Covid-19 es el "distanciamiento social" y que ello justifica la necesidad de haber declarado el estado de alarma, un "mecanismo que no supone ninguna quiebra, ningún resquebrajamiento del estado de Derecho". "No hay suspensión de ningún derecho fundamental", ha asegurado.

Campo ha explicado que las líneas de trabajo que ha seguido su Ministerio para paliar las consecuencias de la pandemia se han basado en este distanciamiento y en la seguridad de todos los profesionales y ciudadanos.

En este sentido, ha subrayado que su primer objetivo era "introducir en el Consejo de Ministros que la Justicia es un elemento dinamizador de la economía y que juega un papel esencial en nuestro país". Así, ha calificado de "hito histórico" el 'plan de choque' coordinado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar el colapso de algunas jurisdicciones, que se aprobará como muy tarde 15 días después de que se levante el estado de alarma.

Asimismo, ha insistido una vez más en que el decreto que aprueba medidas urgentes para evitar que la Justicia se atasque como consecuencia del covid-19 se ha hecho con el "consenso" del CGPJ, la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas y el Consejo General de la Abogacía Española, y teniendo en cuenta a los sindicatos y asociaciones de todos los operadores jurídicos.

CRÍTICAS LÓGICAS

Sobre la polémica que se ha generado en torno a algunas de estas medidas, como habilitar parte de agosto o la celebración de juicios por las tardes, el ministro de Justicia ha dicho que es consciente de que "no todo gusta a todos" y que entiende las "críticas", ya que son "lógicas por la tensión" del momento.

No obstante, ha asegurado que "hoy hay mayor comprensión". Así, sobre habilitar desde el 11 al 31 de agosto, ha indicado que es una "actuación coyuntural" para que la Justicia "adquiera esa velocidad de crucero" que necesita tras dos meses de parón.

Por ello, considera que la medida es "un acierto" porque los juzgados y tribunales no pueden paralizarse otra vez "desde mediados de julio hasta mediados de septiembre" tras llevar más de dos meses "paralizada".

TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA

Ante las demandas de una mayor inversión en Justicia y la necesidad de aumentar las plantillas de jueces y fiscales planteadas por algunos de los intervinientes en el foro, así como por el decano del ICAM, José María Alonso, y por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el titular de Justicia ha señalado que "las políticas incrementalistas son necesarias, pero no determinantes para la transformación" de la Justicia que se persigue y se proyecta en su plan 'Justicia 2030'.

"Lo que hace falta es una nueva forma de organizar el servicio público de Justicia", ha apuntado, pues sin ello se puede aumentar la plantilla pero el juzgado estará "exactamente igual de atascado que todos los demás".

Por último, el ministro ha recalcado el papel de la Abogacía en la implantación de medios alternativos como la mediación o el arbitraje y ha pedido que siga trabajando para "crear esa cultura de desjudicialización", que contribuirá a rebajar la litigiosidad y aligerar la carga en los juzgados.