Montero dice no estar preocupada por si se investiga a su niñera

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho este miércoles no estar preocupada por la petición de la Fiscalía de abrir una pieza separada para investigar si una de sus asesoras ha recibido fondos públicos por ser la cuidadora de sus hijos, acusación que considera una infamia para atacar a Podemos.

La exletrada de Podemos Mónica Carmona aseguró en un escrito remitido al juzgado que investiga el llamado caso Neurona que había recibido una denuncia "interna confidencial" y afirmaba que Montero "utilizaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos". La Fiscalía ha pedido ahora una pieza separada para investigarlo.

Carmona señaló en su escrito que tras esta denuncia pudo comprobar que el día 20 de octubre de 2019 Irene Montero, su hija y Teresa Arévalo, junto a otras personas del partido, viajaron a Alicante a cargo del presupuesto de campaña de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 de la coalición Unidas Podemos.

Fuentes del entorno de la ministra niegan que Arévalo sea la cuidadora de los hijos de Montero, que la fichó como jefa de gabinete antes de estar embarazada, y argumentan que son muchas las personas que han cargado a sus bebés en brazos, desde asesores a periodistas.

En Podemos consideran esta acusación forma parte de las diferentes denuncias en su contra, que acaban archivadas, el mismo destino que auguran a esta polémica.

La Fiscalía ha pedido la apertura de una pieza separada como respuesta al recurso interpuesto por Podemos contra el auto del pasado 3 de febrero por el que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acordó la práctica de diligencias tras la documentación aportada hace unas semanas por Carmona, exresponsable de cumplimiento normativo del partido.

La Fiscalía considera hechos nuevos "la contratación para servicios personales porte de Irene Montero a trabajadores del partido"; así como la cuestiones relativas al abono de las costas (miembros del partido podrían estar cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido).