La RAE muestra su "preocupación" por la situación del español con la ley Celaá
Así lo señala el comunicado emitido tras el pleno celebrado por sus miembros a última hora de la tarde, poco después de la aprobación de la Ley Celaá en el Congreso
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La Real Academia Española ha manifestado este jueves su "preocupación" por que el futuro texto legal de la llamada ley Celaá "no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna".
Así lo señala el comunicado emitido tras el pleno celebrado por sus miembros a última hora de la tarde, poco después de la aprobación también hoy en el Congreso de los Diputados de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá, la cual incluye como puntos más polémicos que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza.
La RAE, que se reconoce no competente "para pronunciarse sobre problemas de constitucionalidad", ha manifestado que "sigue atentamente" lo concerniente a este respecto en la Cámara Baja y que "continuará en el Senado", donde la reforma emprende su recta final parlamentaria antes de convertirse en la octava ley educativa en democracia.
"La RAE confía en que el legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar", afirma.
En defensa de su postura, el comunicado incide en que el español conforma una "comunidad cultural que integran cerca de 600 millones de personas" y que "más de 485 millones lo tienen como lengua materna".
"Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización", insiste la RAE, que "se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario".