Zaplana pide su libertad por enfermedad y la Fiscalía se opone

La defensa de Eduardo Zaplana ha solicitado a la juez que ordenó este miércoles su detención que lo ponga en libertad debido a la leucemia que padece, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía, mientras la investigación, a la espera de que los arrestados pasen este jueves a disposición judicial, se ha centrado hoy en el despacho que el exministro tenía en Telefónica.

Después de asistir al registro de su oficina en la Gran Vía de Madrid, Zaplana ha sido trasladado de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos para pasar la noche y está previsto que mañana pase ya junto al resto de detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado del caso, según han señalado a Efe fuentes de la investigación.

La petición de los abogados de Zaplana se fundamenta en su estado de salud, pues en 2015 se le diagnosticó una leucemia y, tras someterse a un trasplante de médula, recibe tratamiento en el Hospital de la Fe de Valencia, aunque la Fiscalía ha decidido oponerse debido a que ayer fue examinado y no se encontró ninguna causa que impidiera su retención y su presencia en los registros.

Zaplana fue detenido a primera hora de la mañana de este miércoles y desde entonces ha estado custodiado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha estado presente en los registros de sus domicilios y de su oficina y ayer pasó la noche en la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia.

Este miércoles, agentes de la UCO se han dirigido a las oficinas de Telefónica de la Gran Vía madrileña junto a Zaplana, donde han permanecido durante algo más de dos horas -allí trabajaba hasta ayer en su área de Asuntos Públicos-, y finalmente no han registrado su vivienda de la calle Zurbarán al encontrarse en obras.

El exministro fue arrestado en el marco de la operación Erial por supuestos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo junto a otras seis personas, entre ellas dos sobrinos de Juan Cotino, ex director general de la Policía, exvicepresidente del Consell y expresidente de Les Corts Valencianes.

Precisamente Juan Cotino ha sido citado a declarar mañana ante la Guardia Civil en Valencia como investigado por la Guardia Civil, que lleva todo el día practicando registros relacionados con esta causa, entre ellos en el Ayuntamiento alicantino de Villajoyosa en busca de documentación urbanística.

La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por el citado Juzgado de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción y se centra en adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.

Están bajo sospecha, en concreto, las adjudicaciones de las ITV y del plan eólico, por las que los investigadores creen que los empresarios habrían pagado mordidas, pero son cautelosos a la hora de atribuir a Zaplana el cobro de esas comisiones.

La operación se ha desencadenado a partir de la repatriación de parte de ese dinero, que presuntamente estaba oculto en paraísos fiscales, de manera que la conexión de esas cantidades con actividades presuntamente delictivas cometidas en la etapa de gobierno de Zaplana abre la posibilidad de levantar la prescripción de esos delitos.

Las indagaciones comenzaron cuando se halló en un registro a Marcos Benavent, exgerente de la empresa Imelsa y conocido como "el yonqui del dinero", un documento clave que ha permitido desentrañar la presunta trama de cobro de comisiones que ha llevado a la detención de Zaplana.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que la institución que preside se personará en la causa judicial que ha motivado la detención de Zaplana porque "tiene que recuperar", como ya está haciendo en otros casos, "el dinero que haya podido ser sustraído".

El único de los tres presidentes de la Generalitat con el PP que no está investigado o condenado, el senador Alberto Fabra, ha dicho que acoge la detención de Zaplana con "tristeza", "sorpresa" e incluso "estupefacción", sobre todo al conocer los primeros detalles sobre el alcance de la operación Erial.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado por su parte que lamenta que Zaplana haya formado parte del PP y de su grupo parlamentario, y ha añadido que su detención demuestra que el Gobierno lucha contra la corrupción "caiga quien caiga".