El Brexit aboca a miles de británicos a acogerse a la nacionalidad irlandesa de sus antepasados

La conocida salvaguarda irlandesa tendrá una extraña prolongación tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el gobierno de Reino Unido para el Brexit este jueves. Finalmente Irlanda del Norte seguirá alineada con ciertas normas del mercado único europeo pero formará parte del territorio aduanero del Reino Unido, con lo que los controles a los bienes se efectuarán en el punto de entrada a este territorio británico y no en la República de Irlanda. Un punto de encuentro que ha celebrado la propia canciller alemana, Angela Merkel.

En el año 2015, el número de solicitudes recibidas por el Gobierno irlandés de parte de británicos era de 73 y, solo en un año, ascendieron hasta 568, una vez triunfó el 'Sí' en el referéndum para el Brexit que convocó el exprimer ministro, Boris Johnson. La cifra no ha hecho más que crecer en los 4 años siguientes. En 2017, 860 personas de Reino Unido solicitaron la doble nacionalidad británica e irlandesa. En 2018 el pico llegó hasta los 1.213, mientras que en los primeros seis meses de este año, antes de que se acercara la cifra para la salida de la UE, ya van 607 solicitudes, lo que prevé una cifra similar a 2018.

Al igual ocurre con el número de certificados de nacionalidad irlandesa expedidos a británicos. Mientras en el año 2012, el número apenas representaba un 0,3% del total de los 25.000 certificados otorgados, el año del referéndum la cifra se disparó en un 400%, desde 98 al año hasta 526. Todo ello aumentando incluso más en los últimos dos años hasta los 687.

Un caso excepcional del que pueden aprovecharse los aspirantes a la nacionalidad irlandesa: la excepcionalidad de solicitarlo incluso cuando el padre o la madre no son ciudadanos irlandeses. Específicamente en Irlanda puede solicitarse la nacionalidad cuando el padre o la madre han tenido derecho por nacimiento de ser reconocidos como irlandeses, a pesar de que nunca han vivido en la isla. En España, sin embargo, esa cláusula no existe, al igual que en la gran mayoría de países de la Unión Europea.