Presunción de inocencia

Este fin de semana la vicepresidenta Montero ha criticado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la revocación de la condena a Dani Alves por un delito de agresión sexual. La ministra ha asegurado que la declaración de la demandante debía de haber estado por encima de la presunción de inocencia.

En nuestro país se registra un preocupante aumento de los delitos contra la libertad sexual. Es necesario proteger el consentimiento con todos los instrumentos jurídicos disponibles. En los procesos judiciales que intentan dilucidar si hubo o no hubo agresión sexual, muchas veces no se cuenta más que con el testimonio del presunto agresor y de la posible víctima. Y eso dificulta mucho adquirir una certeza jurídica sobre lo sucedido. De hecho, en este caso, tenemos dos sentencias contradictorias.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca la sentencia de la Audiencia Provincial porque considera que la declaración de la demandante no es fiable, y porque hay insuficiencia de pruebas. Un eventual recurso ante el Tribunal Supremo podría fijar doctrina sobre cuándo y cómo la declaración de una demandante puede considerarse fiable y sobre el valor de las pruebas periféricas.

En cualquier caso, la presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho. Si un tribunal no considera probada la culpabilidad, el Gobierno no puede cuestionar la actuación de los jueces. La intervención desaforada de Montero sólo se explica por razones ideológicas y por el afán gubernamental de limitar la independencia judicial.