En democracia no deben existir listas negras

Primero con la ley de eutanasia, y ahora con la nueva y descabellada ley del aborto, ha vuelto a tomar relevancia el derecho fundamental a la objeción de conciencia, recogido explícitamente en la Constitución. Las nuevas leyes están sirviendo, entre otras cosas, para retratar a quienes conciben la objeción como un derecho secundario o, lo que es peor, como una concesión graciosa del Estado. Varios ministros se han encargado ya de recordarnos que existe el “riesgo” de que los supuestos derechos creados se vean limitados por una objeción de conciencia mal entendida.

Una de las expresiones más evidentes de esa forma perversa de entender la objeción es la lista o registro de objetores a la que se verían abocadas las personas que no quisieran participar directamente en eutanasias y abortos, por considerarlos actos contrarios a su profesión. Se están encontrando, sin embargo, con mayor resistencia de la que esperaban, porque los profesionales sanitarios están mostrando una notable dignidad y libertad de conciencia.

Como ha señalado Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, un registro de objetores al aborto aporta poco. Sería más útil, y sin duda más elocuente, un registro de los profesionales sanitarios dispuestos a practicarlo. Eso sería lo sensato y lo más eficaz, salvo que se quieran utilizar las listas como listas negras, y señalar a las personas que, con su opción valiente, apuestan por la vida y salvaguardan la dignidad de los que no tienen voz.