El Gobierno endurecerá el castigo a los conductores que reincidan en alcohol o drogas

La Policía Foral ha imputado un delito contra la seguridad vialm en Fuerte de San Cristóbal (Navarra), a una conductora de 52 años por cuadruplicar la tasa de alcohol, después de que horas antes hubiera atropellado a un ciclista al que provocó heridas leves.

Además, la trágica muerte de tres ciclistas arrollados en una carretera valenciana por una conductora reincidente que dio positivo en alcohol y drogas ha vuelto a poner el foco en la necesidad de proteger con carácter urgente a los ciclistas en carretera.

Desde las principales asociaciones ciclistas, reunidas en torno a la Mesa Española de la Bicicleta, se negocian medidas prioritarias para proteger al ciclista con la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyo director, Gregorio Serrano, se mostró dispuesto el pasado martes a acometerlas de forma "urgente" para atajar la "sangría" de ciclistas fallecidos.

Tanto es así que está previsto que este martes las someta al Comité de Seguridad Vial que analice un plan especial y urgente de medidas para endurecer el castigo para los conductores que reincidan en el consumo de alcohol y drogas al volante, entre otras medidas para proteger a ciclistas en las carreteras.

Por ejemplo, reforzar las garantías de que el conductor con permiso de conducir retirado por ponerse al volante bajo los efectos del consumo de alcohol o de drogas realmente no conduce, además de endurecer los castigos por estos hechos.

Las medidas, según las asociaciones, deberían ir desde endurecer el Código Penal para que vuelvan a castigarse penalmente las imprudencias leves al volante, hasta intensificar los controles de alcohol y drogas, con una reforma integral de la Ley de Seguridad Vial en el horizonte que cristalice en un plan estratégico para la bicicleta a nivel estatal.

"No se puede tratar como accidente que una persona se monte en un coche habiendo tomado alcohol y drogas", explica Alfonso Triviño, secretario general de la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP), quien apuesta porque vuelvan a la vía penal las muertes de ciclistas por imprudencias leves, sin castigo penal desde la reforma de 2015.

Además, Triviño ve una "posibilidad cada vez más cercana" de que se implanten "patrullas de la Guardia Civil camufladas y con cámaras integradas para cazar a conductores que no respeten la distancia de seguridad en adelantamientos a ciclistas".

Los 18 ciclistas fallecidos en lo que va de año, tres más que en el mismo periodo de 2016, respaldan las peticiones de las asociaciones para frenar, como asegura Manuel Martín, de ConBici, la "violencia vial" a la que se ven sometidos.

"La ley favorece al infractor y desfavorece a la víctima", sentencia Martín, quien pide, entre otras medidas, "que los arcenes sean más amplios y limpios y que se fomente el uso de la bicicleta" para no caer en el "discurso del miedo" que, en su opinión, saca más ciclistas de las carreteras que los propios accidentes".

Otra de la asociaciones que conforman la Mesa negociadora con la DGT, la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE) apuesta porque los controles se intensifiquen los fines de semana a primera hora de la mañana "cuando los ciclistas salen y los conductores borrachos y drogados vuelven de fiesta", asegura su portavoz, Carlos Núñez.