¿Se juegan los funcionarios su puesto de trabajo con el examen que prepara el gobierno?

El pasado mes de marzo el Gobierno aprobaba el nuevo proyecto de ley de Función Pública en aras de una reforma de la administración necesaria para acceder a los fondos europeos y que contaría con un punto que está dando mucho que hablar: una evaluación de desempeño para los funcionarios públicos. De momento aún le queda camino por recorrer hasta ver la luz, pero ya conocemos algunas pinceladas que te contamos.

Por lo pronto cuenta con el aval de los sindicatos UGT y CCOO que vieron en el texto aprobado recoge expresamente que la ley ha de contribuir a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos o a garantizar el reconocimiento de sus derechos.

Además, la reforma, contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) busca "mejorar la organización y también la estructura de la Administración, con el objetivo de prestar unos servicios públicos de calidad", según explicaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

¿Despido?

Esta norma estaba llamada a desarrollar aspectos que se quedaron en el aire en aquel Estatuto Básico del Empleado Público aprobado hace ya más de 15 años, como por ejemplo el acceso al empleo.

Y en este contexto se encuentran precisamente estos procesos de evaluación del desempeño.

El Ejecutivo se apresuraba a dejar claro que esta evaluación no supondría el despido ni la pérdida de la condición de empleado público.

La idea sería utilizarla como una medida de incentivo y para mejorar las prácticas en la Administración.

Es decir, vendría a ser una medida para incentivar y reconocer los buenos resultados.

Servirá además para valorar de manera periódica la conducta profesional, así como el rendimiento y los resultados de los trabajadores públicos.

Para ello podría contar con un complemento que sustituiría a la productividad actual.

Se tendrían en cuenta también tanto los objetivos individuales como los colectivos para lo que se tendría en cuenta el contexto y los recursos de cada unidad o centro de trabajo en el que se preste el servicio público.

Promoción profesional

Los ascensos en promoción interna, podrían de esta manera tener en cuenta no solo la trayectoria profesional, también el resultado de esta evaluación del desempeño.

30% de plazas para promoción interna

Este proyecto de ley preveía la creación del Grupo B y la creación de tres Cuerpos y Escalas adscritos a este grupo. Cuerpo Técnico Informático, la Escala Técnica Medioambiental y el Cuerpo de Delineantes) tras haber alcanzado un acuerdo con las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

La creación del grupo B y de los tres cuerpos referidos contribuirá al desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos.

Además, se asegurará la convocatoria de procesos de promoción interna para permitir el acceso a estos cuerpos y escalas del personal funcionario que cuente con la titulación correspondiente.

Otra medida es el aumento al 30% del mínimo de plazas para promoción interna, lo que se acompañará de una mayor territorialización de las pruebas selectivas y del aumento del plazo de toma de posesión.

¿Exceso de funcionarios?

"Un estudio indica que el 74% de los españoles considera que trabajar en la administración permite vivir mejor", explicaba Marc Vidal en Herrera en COPE. "Ahora mismo hay 7 millones de ciudadanos que se preparan para opositar, una cifra que revela una dinámica económica algo preocupante. En un mundo donde la innovación tecnológica está redefiniendo las reglas del juego, parece que vamos a contracorriente", añade.

Señala el analista económico que "alguien debería preguntarse por qué tantos jóvenes en España ven el funcionariado como la única vía hacia la estabilidad económica", cuando lo que necesita España, ha asegurado es un "renacimiento económico que fomente el talento empresarial, respalde a los autónomos y cree un entorno en el cual la innovación florezca".

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Marc Vidal desgrana el problema de los funcionarios en España

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