El PAR reivindica en la DPH garantías, servicios, compensaciones y acciones para Jacetania y Alto Gállego ante el suceso de Monrepós

El Grupo Aragonés (PAR) defenderá ante el Pleno de la Diputación de Huesca, previsto para el próximo jueves, una propuesta de resolución que, en seis puntos, detalla una batería de medidas y actuaciones desde las administraciones públicas para hacer frente a las consecuencias del reciente corte de carretera en el Monrepós y prever nuevos sucesos. El PAR plantea que la DPH reclame garantías en las comunicaciones, mejora de servicios, posibles compensaciones y acciones de promoción positiva.

En el primer aspecto, respecto a las infraestructuras de transporte, el Partido Aragonés urge “a agilizar las obras y puesta en servicio previstas -junto con la A-22 y A-21, incluyendo la variante de Jaca- para la transformación en autovía del eje completo de la A-23” con “seguridad vial y fluidez de tráfico durante dichos trabajos”. Así mismo, el PAR insta “al acondicionamiento en el mínimo plazo posible de la A-132 en los tramos desde Concilio al Puerto de Santa Bárbara así como al mantenimiento de dicha carretera y a la mejora integral de la A-1205”, de La Peña a Jaca. Finalmente, se demanda “el desarrollo y ejecución de los proyectos de modernización de la línea férrea Huesca-Sabiñánigo-Jaca-Canfranc que permitan la dotación de mejores servicios y frecuencias en el transporte de pasajeros y mercancías por ferrocarril”.

Acerca de las posibles compensaciones, el PAR proponer que desde “las administraciones competentes, en el marco de una posible declaración de zona catastrófica para la provincia de Huesca o, en su defecto, mediante las correspondientes disposiciones”, “se determine compensaciones económicas a familias, establecimientos y empresas por las afecciones que ha causado el corte temporal de la carretera N-330 y las dificultades de sus alternativas, en una amplia zona del Alto Aragón (comarcas de la Jacetania, Alto Gállego y parte de Sobrarbe)”.

Junto a ello, el Partido Aragonés plantea “pedir a las administraciones y entidades públicas que colaboren en el lanzamiento de una campaña de información positiva, especialmente a través de medios de comunicación y redes sociales, para contrarrestar la imagen negativa generada para la zona afectada y las comunicaciones que determinan su capacidad de acogida”.

Finalmente, se reivindica que “entre otras razones, ante la complicada vialidad de las principales comunicaciones de la citada zona, motivada por las obras en las carreteras además de sus señaladas condiciones orográficas y meteorológicas”, se ponga en marcha o amplíe “todas aquellas medidas permanentes de atención a los servicios básicos tanto a sus habitantes como a la población flotante, en particular las relativas a la asistencia 

sanitaria, potenciando el Hospital de Jaca y las consultas especializadas en los centros sanitarios de las mencionadas comarcas”.

El portavoz del Partido Aragonés en la DPH, Joaquín Serrano, ha explicado que “lo sucedido fue muy grave, con efectos claros y afortunadamente sin desgracias personales, pero esas consecuencias son evidentes y hay que responder con decisiones y seguridad para Jacetania, Alto Gállego y parte de Sobrarbe, para las afecciones que se produjeron, sin que la vuelta la relativa normalidad tras la reapertura de la carretera, suponga pasar página y olvidar”. Serrano ha mantenido una reunión de trabajo con los diputados Luis Estaún y Javier Betorz para preparar la iniciativa.

A través de la exposición de motivos de la propuesta de resolución, el PAR resalta “la comprensible inquietud de los habitantes, establecimientos y empresas de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego, así como parte de Sobrarbe” y los efectos sobre “las actividades sociales y económicas” del corte de la principal comunicación de la zona. De ella depende “la prestación de muchos servicios, especialmente sanitarios, en centros situados tras las sierras exteriores y la vialidad desde la procedencia o destino de producciones, mercancías, visitantes” y su interrupción ha “motivado problemas, cancelaciones y sobrecostes (trayectos y gastos que se han triplicado en determinados casos, menor producción y venta, aplazamientos…)”. Aún reconociendo que “las administraciones públicas han tratado de paliar” esas consecuencias negativas, muchas “han resultado inevitables” y permanecen, como el “efecto perjudicial para la imagen de la zona, dada la repercusión y aparatosidad de lo sucedido”.

Por ello, según se afirma desde el PAR, “esta situación ha desvelado en toda su trascendencia la fragilidad actual de las comunicaciones para un amplio territorio del Alto Aragón y para miles de familias y entidades, que tienen derecho a reclamar los perjuicios provocados, que requieren soluciones seguras en el mínimo plazo, diversificar sus accesos con enlaces verdaderamente fluidos y garantías locales para sus necesidades básicas, teniendo en cuenta que la fuerza de la naturaleza, por las características del terreno y la meteorología o sismicidad, podrían desafortunadamente llegar a reproducir circunstancias similares”.