La novedad en las multas de las zonas de bajas emisiones de toda España que te afectará antes de 2026: "Activo"

El Ayuntamiento de Gijón defiende que no aplicará sanciones hasta que el Ministerio de Transportes no ponga en funcionamiento la alternativa para que los camiones que van hacia el puerto no crucen el barrio de La Calzada

Cartel de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Barcelona
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COPE Gijón

El Ayuntamiento de Gijón, en contra de vincular los descuentos en el transporte público con las multas en la ZBE

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

3 min lectura

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas en las que se aplican restricciones a la circulación de los vehículos más contaminantes. Todos los municipios de España que tienen más de 50.000 habitantes están obligados a su implantación; aunque los plazos establecidos, inicialmente, por el Gobierno de España, se han ido extendiendo. 

La fecha límite para la creación de ZBE era 2023, pero muchos ayuntamientos no han llegado a tiempo; y, en ocasiones, la justicia ha tumbado las ordenanzas municipales que deben regir, en cada ciudad, estas zonas con limitaciones, como ha ocurrido en Badajoz.

Zona de bajas emisiones de Madrid

EFE/ Mariscal

Zona de bajas emisiones de Madrid

En Gijón, el gobierno local trabaja en la redacción de su ordenanza, que prevé aprobar en el pleno municipal antes de que termine 2025. Es un periodo en el que están muchos otros ayuntamientos, como los de Oviedo, Santiago de Compostela, Vigo, Santander o León, por citar algunas ciudades del entorno. 

Sin multas hasta 2028

En el caso de Gijón, además, la Concejalía de Movilidad ha advertido de que, aunque la implantación de la Zona de Bajas Emisiones sea efectiva, no tendrá carácter sancionador, por lo menos, hasta 2028, cuando esté habilitado un acceso alternativo al puerto de El Musel que no implique el paso de miles de camiones, cada día, por el barrio de La Calzada, donde estará ubicada la ZBE.

"Es un compromiso que adquirimos en campaña electoral y lo respetamos completamente", ha asegurado, en COPE, el concejal responsable, Pelayo Barcia, que defiende que no tiene sentido que un particular no pueda circular por la zona, y miles de camiones al día, sí. 

Igual que Gijón, hay otras ciudades -Oviedo, por ejemplo-, que será "muy flexible" con los conductores que incumplan la norma, evitando en la medida de lo posible la imposición de multas durante los primeros meses de funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones.

Sin embargo, el Gobierno de España ha puesto en jaque a los ayuntamientos que no tenían pensado, de momento, sancionar en sus ZBE; limitando las ayudas al transporte público -aprobadas en el decreto ómnibus y que implican una rebaja en los precios de los billetes, a partir del mes de julio, a aquellos municipios que tengan implantada la zona "de manera efectiva". 

Un régimen sancionador "activo"

¿Qué significa "de manera efectiva"? Transportes exigirá una normativa municipal que regule la ZBE, medidas restrictivas de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según lo que contaminen, un sistema de control de accesos y -aquí está la clave para ciudades como Gijón- "un régimen sancionador activo". Es decir, si Gijón (o cualquier otro municipio) quiere disfrutar de las bonificaciones (y descuento del 40% en las tarifas), tendrá que sancionar.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gijón quiere negociar con el Ministerio el cambio de los requisitos, porque, según advierte Barcia, "el propio ministerio, que no fue capaz de desarrollar el Vial de Jove para sacar el tráfico pesado de La Calzada, nos pide ahora que multemos". El edil confía en que, "a lo largo de este mes, podamos conseguir la modificación de las condiciones".

Cartel de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid

EFE/ Fernando Alvarado

Cartel de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid

Por otro lado, el proyecto de redacción de la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones de Gijón ha recibido tres alegaciones, que serán incluidas en el texto. Las han presentado Cocemfe, la Confederación Española de Personas con Discapacidad, para que los coches conducidos por personas con movilidad reducida puedan entrar sin limitaciones; la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad, que reclama el acceso a los vehículos blindados que llevan el dinero a los bancos; y la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas, tras comprobar que, en otros municipios, está habiendo problemas con las motos. 

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