El funcionario de Obras Públicas adjudicó 9 millones de € en 4 años a las empresas investigadas en la trama

En los últimos 4 años la Consejería de Obras Públicas habría adjudicado contratos a Rucecan, Api movilidad y La Encina por valor de 8 millones 880.000 euros. Y todos a través de tramitaciones de emergencia, que era la fórmula que había adoptado el principal acusado en la trama que se está investigando por parte del juzgado de instrucción número 5 de Santander para saltarse los concursos públicos.

Entre 2019 y 2022 Rucecan recibió adjudicaciones por valor de 4 millones 700.000 euros. Api movilidad se llevó contratos que alcanzaron casi los 3 millones de euros y la encina 700.000. En total 61 contratos en este periodo y todos por tramitación de emergencia.

Entre los más importantes, 700.000 euros para Rucecan en 2020 para la estabilización de una ladera en Cabuérniga, 619.000 euros para La Encina para labores de desinfección durante la pandemia, o 530.000 para Api movilidad para los mismos trabajos. También hay en la lista que se está invstigando, 3 contratos en 2021 por valor de casi 1.300.000 euros para Rucecan para obras en el desfiladero de la Hermida, reparación de un puente sobre la ría de la Solía o varios deslizamientos de tierra en el acceso a Lomeña.

Solo en 2022 las tres empresas se llevaron también por vía de emergencia contratos por más de 3 millones de euros.

Auto

Según el auto emitido por el juzgado, el funcionario de obras Públicas, que sigue en prisión por su alto riesgo de fuga, aprovechaba su posición y la información de privilegio que tenía para beneficiar a estas tres empresas y eliminar a otros competidores.

La Agencia Tributaria detectó hace un año que su alto nivel de vida no se correspondía con sus ingresos, y ahí comenzó la investigación. Según el auto, su mujer estaba a sueldo de La Encina sin realizar ninguna labor concreta en la empresa y una de sus hijas disfrutaba en Madrid de un coche de alta gama con un renting que pagaba Api movilidad. Todos los implicados están acusados de delito de fraude en la contratación pública o blanqueo de capitales.