La Fiscalía abre diligencias por los 1.700 fallecidos en listas de espera en Cantabria

La Fiscalía de Cantabria ha abierto diligencias de investigación por los más de 1.700 fallecidos que figuraban en las listas de espera sanitarias de la región. Algo que podría hacer que los últimos cargos de la sanidad en Cantabria se enfrentasen a un delito de dejación de funciones.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del ministerio público, una semana después de que trascendiera el asunto y de que la asociación el Defensor del Paciente pidiera una investigación "exhaustiva".

Todo comenzó con la denuncia del consejero de Salud, César Pascual (PP), quien afimarba que más de 1.700 personas habian fallecido cuando formaban parte de las listas sanitaria, según apuntó, dejó el anterior Gobierno (PRC-PSOE).

Añadió que había otros 7.000 pacientes que estaban "pendientes de cita, no se sabe para qué". Y, según apuntó en su comparecencia en comisión parlamentaria, tenían la "sospecha" de que estos últimos podían estar repetidos.

Para Pascual, estas cifras son un ejemplo de la "mala gestión" del bipartito de las listas de espera sanitarias y que, según el consejero, en algunos casos estaban "infladas".

A juicio del Defensor del Paciente, que "más de 1.700 personas" murieran en la comunidad autónoma mientras estaban esperando atención sanitaria es un hecho de "extrema gravedad" y que podría, a su juicio, ser constitutivo de un delito "de dejación de funciones".

Para el Defensor del Paciente, son "imperdonables" tantos fallecimientos de personas que "posiblemente hubieran salvado su vida si hubieran tenido la atención que necesitaban". Se trata, según ha insistido, de 1.700 personas "que pagaron para tener una asistencia digna y murieron en el intento".

A raíz de la difusión de estos datos, el Defensor del Paciente ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se informe en el Congreso de los Diputados de las cifras en toda España.

"Si solo en Cantabria ha habido 1.700 muertos, ¿cuántos habrá en España?", se pregunta, para exigir a la administración el "derecho" a conocer estos datos, al igual que informa de los fallecidos en accidentes de tráfico o por violencia de género, entre otros.