Cáritas Burgos tuvo que aumentar sus ayudas económicas ante el aumento de la desigualdad

Cáritas Diocesana de Burgos ha presentado esta mañana, en su sede, la Memoria 2021, que recoge la actividad social desarrollada durante el pasado año. Don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, ha expuesto las líneas generales de la campaña institucional para el curso 2021-2022, con el lema “Somos lo que damos. Somos amor”. “Desde Cáritas queremos poner en valor el amor por los demás como propuesta de vida”, ha señalado, tras detallar algunos aspectos por los que el año posterior a la pandemia ha supuesto un reto para la entidad. Según el Informe FOESSA, citado por el arzobispo, tras la pandemia la exclusión social pasó, en Castilla y León, del 14 al 18%.

María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social, ha ofrecido los datos más destacados de la intervención, como el número de personas beneficiadas, 9.185, o las ayudas económicas, que se han incrementado en un 16,8% para superar la inflación. Entre los atendidos, destaca el número de personas en situación administrativa irregular, el 18%, que ha llevado a Cáritas a sumarse a la petición para una regularización extraordinaria. La brecha digital, que afecta especialmente a los menores, pero no solo a ellos, la soledad no deseada y los problemas de salud mental se están situando, a juicio de Gutiérrez, como las nuevas causas de exclusión. A estas se unen otras, como la precariedad en el empleo o la falta de viviendas sociales.

Por su parte, Jorge Simón, director de Cáritas Burgos, ha agradecido la implicación de toda la sociedad y, “en primer lugar, de la comunidad cristiana”, que participa de la misión a través de los voluntarios, los socios y donantes y también de las instituciones, públicas o privadas. En el capítulo económico, ha resaltado la importancia de las herencias y legados como fuente de financiación, en un ejercicio que se saldó con una inversión de 3,8 millones de euros entre los diez programas que tiene Cáritas. Como propuestas, Cáritas plantea, entre otras, “garantizar el derecho a una vivienda, una administración accesible y con atención presencial o la provisión de recursos residenciales para tratar problemas de salud mental”.