Proyecto minero renovado en el nordeste de Segovia y nueva negativa de los vecinos
ERIMSA ha solicitado a la Junta de Castilla y León la explotación del terreno, que se van a encontrar con las alegaciones de la Plataforma en contra de la mina a cielo abierto en el nordeste segoviano
Segovia - Publicado el
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Vuelve la polémica por las intenciones de la llegada de la mina de cuarzo en nuestra provincia. Sería con un proyecto de la empresa Explotación de Rocas Industriales y Minerales (ERIMSA), algo contra lo que lleva más de un año luchando 'La plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano'. ERIMSA ha presentado un nuevo proyecto en el que registra como principal novedad una reducción del terreno de actuación, pasando de las 2.000 hectáreas a las 400 hectáreas. Además aseguran la presencia de técnicos especializados para mayor control de los riesgos que conllevarían.
Con este nuevo proyecto han solicitado a la Junta de Castilla y León la concesión de la explotación. La plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano ha alertado sobre el peligro que supondría las labores de la mina para el medioambiente y la calidad de vida de los ciudadanos. Marisa Moro portavoz de la Plataforma ha explicado que, a pesar de que se reduzca el terreno de actuación, "los proyectos mineros aprobados pueden pedir una ampliación".
el riesgo del proyecto minero en la provincia
Para la plataforma contra la mina a cielo abierto en el Nordeste Segoviano no es suficiente las modificaciones que plantea ERIMSA en su nuevo proyecto ya que aseguran que el retorno económico no compensará frente a los riesgos medioambientales que conlleva. Marisa Moro ha detallado que "la intervención atenta contra la normativa medioambiental y contra la agricultura"
A mayores de los daños en la naturaleza también desde la plataforma alertan de los riesgos para la salud de los vecinos generando "polvo de sílice que es cancerígeno"
los plazos tras la presentación del proyecto
En menos de un mes se cerrará el plazo para presentar alegaciones que, según ha explicado Marisa Moro, desde la plataforma las están elaborando. Pasados esos 30 días, la Junta de Castilla y León tiene entre 6 y 12 meses para tomar una decisión al respecto.