Juzgan al administrador de una comunidad de vecinos de Girona acusado de embolsarse más de 86.000 euros

La Audiencia ha juzgado al administrador de una comunidad de vecinos de Girona acusado de embolsarse más de 86.000 euros entre los años 2017 y 2018. El juicio se había suspendido dos veces y este lunes empezó con la declaración del procesado, que alegó que sacó dinero en efectivo. Aseguró que la mayoría de los trabajos se realizaron en los locales propiedad de una entidad bancaria, pero los propietarios lo niegan y remarcan que en ninguna junta aprobaron obras o derramas. La entonces presidenta de la comunidad relató que descubrieron el agujero cuando pidieron un extracto de la cuenta porque el administrador estaba "desaparecido". El fiscal le acusa de administración desleal y solicita 5 años de cárcel.

El caso ha llegado a juicio en la sección cuarta de la Audiencia de Girona y era la tercera vez que se señalaba: En la primera ocasión, el acusado no compareció por enfermedad y en la segunda, a finales de enero, argumentó que no había recibido correctamente la citación y que no estaba a tiempo de llegar a la Audiencia.

El juicio comenzó con la declaración del acusado, que respondió sólo a las preguntas de la abogada de la defensa. El acusado tuvo el cargo de secretario-administrador de la comunidad de propietarios de la avenida Jaume I de Girona desde enero de 2017 y hasta el mismo mes de 2018. Y ha afirmado que le contrataron porque es abogado y los vecinos querían que emprendiera acciones legales para reclamar un dinero que les debían. Además, ha dicho que como letrado colegiado, podía asumir las funciones de administrador de fincas.

A partir de este momento, expuso que el edificio tenía diferentes problemas y que necesitaron obras "urgentes". El acusado aseguró que la dinámica para abonar las obras siempre era la misma: él sacaba el dinero y se encargaba de pagar a los industriales a los que contrataba: "No intervenía la presidenta de la comunidad, se hacía directamente".

El fiscal y los abogados de ambas acusaciones particulares, una en nombre de la entidad bancaria y otra de la comunidad de propietarios, sostienen que la operativa fue fraudulenta y que el acusado se quedó dinero "en beneficio propio". Situan el perjuicio causado al banco en 86.725 euros.

El escrito de acusación del fiscal recoge que el procesado "faltó a lo tratado" en una junta de vecinos y añadió por su cuenta, como punto cuarto del acta, la aprobación de una derrama de 500 euros por elemento para encargar un estudio que recogiera las obras "más urgentes" a realizar en el edificio. Para ello, "imitó" la firma de la presidenta de la comunidad y, presuntamente, utilizó este documento para justificar el cobro de derramas ante la entidad bancaria propietaria del local, que fue ingresando y anticipando dinero.

Unas obras que "nunca se hicieron"

Según la acusación pública, el procesado "iba retirando de forma progresiva y fraccionada, sea a través de reintegros o con cheques" dinero de la cuenta. La fiscalía precisa que, a través de recibos "impostados" o cheques "que no se correspondían con pago real alguno", causó un perjuicio económico a la entidad bancaria de 86.725 euros. Los vecinos devolvieron los recibos de las supuestas derramas porque "no se habían acordado en ninguna junta" y, según expusieron en el juicio, no les debe dinero.

La entonces presidenta de la comunidad de propietarios, detalló que descubrieron el desfalco cuando decidió pedir un extracto de los movimientos de la cuenta de los vecinos. Lo hizo, subrayó, porque hacía tiempo que el acusado no hacía su trabajo y, además, estaba "desaparecido" y no contestaba a las llamadas.

Los vecinos niegan la versión del acusado y dicen que solo le contrataron como administrador de fincas, no como abogado, con el objetivo de pedir presupuestos y realizar unas obras para reformar la cubierta del edificio.

Con el extracto en la mano, contrataron a otra administradora de fincas que realizó "una especie de auditoría" y comprobó que se habían hecho movimientos bancarios sin autorización o para pagar unas obras que "nunca se hicieron". Los vecinos que han declarado en la sala de vistas, han negado que se realizaran los trabajos que describe el acusado. A partir de ahí, la entidad bancaria interpuso la denuncia como afectada por el presunto delito.

El fiscal le acusa de administración desleal y de falsedad continuada en documento mercantil y solicita 5 años de cárcel y 9.000 euros de multa. Las acusaciones particulares sostienen que es un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia y piden 5 años de cárcel y multa de 18.000 euros. En concepto de responsabilidad civil, quieren que indemnice a la entidad bancaria con 86.725 euros más los intereses legales.

La defensa pide la absolución. Como alternativa y en caso de condena, considera que sería un delito de administración desleal en el ejercicio de su profesión y de forma imprudente. El juicio ha quedado visto para sentencia.