Recta final del juicio a Castedo, Alperi y Ortiz por el presunto amaño del PGOU de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción se ha ratificado, en la recta final del juicio por el supuesto amaño del Plan General de Urbanismo (PGOU) de Alicante, en las conclusiones de su escrito de acusación inicial contra los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el constructor Enrique Ortiz.

Ayer lunes, al término de la fase de audiciones de las escuchas telefónicas interceptadas por los investigadores y de la presentación de la prueba documental, los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero elevaron a definitivo el relato de hechos en los que se sostiene su acusación: los dos exalcaldes habrían otorgado un trato de favor a Ortiz en el que debía convertirse el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad a cambio de presuntas dádivas.

Así, Anticorrupción considera a Díaz Alperi y a Castedo responsables de los delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, y mantiene su petición de 10 años de prisión para cada uno de ellos.

En el caso de Ortiz, la Fiscalía le atribuye los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación, por los que solicita la imposición de 8 años de cárcel.

Corrección en el valor del viaje a Ibiza

Respecto a Ortiz y a Castedo, sólo introduce una modificación por lo que respecta a la valoración de las presuntas dádivas en relación a los viajes a Ibiza en el yate del empresario disfrutados por la exalcaldesa. En concreto, considera que su valor total fue de 98.966 euros, en lugar de los 231.000 euros recogidos en el informe pericial. Se trata de una corrección introducida al computar solo el gasto de esos desplazamientos para dos personas (Castedo y su esposo) y no su importe total.

Ese cambio afecta a la petición de multas, que ascienden a 1.764.000 euros para Ortiz por el delito de corrupción de autoridades públicos y a 175.400 euros para Castedo por el de cohecho.

En cuanto al resto de procesados, Anticorrupción añade la acusación de un nuevo delito para los abogados del despacho Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa).

En concreto, les considera también autores de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos por su participación en la resolución de alegaciones a ese futuro PGOU.

A este respecto, solicita la imposición de multa de 20 meses con cuota de 100 euros y tres años de inhabilitación para asesorar a la administración pública en materia urbanística.

La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, y la acusación popular, asumida por Esquerra Unida, también se mantienen en sus escritos de acusación inicial.

Por su parte, las defensas confirmaron sus peticiones de absolución y solicitan que, en caso contrario, se considerase la atenuante de dilaciones indebidas. La exposición de los informes de cada una de las partes se desarrollará a partir de este martes y está previsto que concluya este mismo viernes.