La Xunta recurre la sentencia de Meirás que pide indemnizar a los Franco

La Xunta ha decidido apelar la sentencia de febrero de la Audiencia Provincial de A Coruña que reconoce el derecho de los herederos de Francisco Franco a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975, tras la muerte del dictador, para conservar el pazo de Meirás (Sada, A Coruña).

El gobierno gallego informa en un comunicado que ha presentado, para su elevación ante la sala primera del Tribunal Supremo, un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra el fallo pues ve "contradictorio" que se fije la devolución del inmueble y se aplique la calificación de buena fe en la posesión.

El recurso destaca la incoherencia que supone que la resolución judicial califique la posesión de buena fe y que considere probado que los Franco eran conocedores de la situación en la que se adquirió la residencia señorial.

En este sentido, entiende la Xunta que quedan infringidas las normas procesales al concurrir una contradicción entre los elementos probados en la sentencia y la propia conclusión de la misma.

"A la vista de los hechos probados declarados en la sentencia, no puede deducirse, sin atentar contra las reglas más elementales dela lógica y la razón, que estamos ante una posesión de buena fe, pues es obvio que Francisco Franco no solo era conocedor del vicio de su título, sino que además hizo intentos forzados para ocultarlo", detalla el escrito.

También señala que hubo una "transmisión de mala fe" a su hija, puesto que existen hechos declarados en la sentencia que necesariamente conducen a pensar que ella "era consciente del vicio de la posesión" por parte de su progenitor.

La asesoría jurídica de la Xunta concluye que los propios pronunciamientos de la sentencia son los que permiten sustentar que la posesión de Francisco Franco era "de mala fe".

También incide en que su mujer y su hija eran sabedoras de estas circunstancias y que por tanto debe revocarse la decisión judicial que reconoce que los demandados tienen derecho a recibir una liquidación posesoria en condición de buena fe.

La decisión de recurrir, señala la Xunta en la nota, se enmarca "en la postura mantenida" por el Ejecutivo que preside Alberto Núñez Feijóo desde el inicio del proceso judicial, en el que actúa "como parte coadyuvante del demandante principal", la Administración General del Estado.