El aumento de la carga burocrática lastra a las granjas gallegas

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha solicitado una moratoria para todas las granjas gallegas y la exención de las pequeñas y medianas explotaciones en cuanto a la “numerosa normativa de inminente aplicación” en el sector, porque sostiene que los fallos en las aplicaciones informáticas, la carencia de personal técnico y el incremento de gastos aumentarán “las dificultades” que ya tienen para mantener su actividad.

Según su criterio, todos estos nuevos requisitos, que añaden más burocracia y dificultades para los ganaderos gallegos en el ejercicio de su actividad, han sido publicados por el Gobierno central, pero hubo un período previo de alegaciones en el cual “la Xunta de Galicia podía, y debía, haber alegado para ajustar los requerimientos a la realidad de nuestro territorio”.

El Cuaderno Digital, la aplicación localizada de purines, el plan de abonado o la elaboración de un Plan Sanitario Integral “son algunos de la multitud de nuevos requisitos que están entrando o van a entrar en vigor para mayoría de las granjas”.

"Consecuencias para su viabilidad"

Para las medianas y pequeñas granjas, explicó en COPE Lugo la secretaria general del SLG, Isabel Vilalba, que son mayoritarias en el modelo productivo gallego, este inminente aumento “de la ya de por sí complicada carga burocrática, conllevará consecuencias que impactan directamente en su viabilidad, al implicar en muchos casos a realización de inversiones”.

Sostiene, además que esa “multitud de requisitos de seguimiento técnico resultan prácticamente imposibles de incorporar a la jornada de trabajo de las personas productoras de alimentos”, y menos aún en aquellas granjas “que podemos calificar cómo familiares -que conforman en su mayoría el sector primario gallego-”.

“La realidad es que la mayor parte de ellas se verían en la obligación de contratar a agentes externos que den cuenta de todos los procedimientos requeridos, una especie de privatización encubierta de servicios que consideramos deberían ser público-, incurriendo en todavía más costes, en un contexto en el que el alza constante de precio de los insumos ha colocado ya en una situación económica muy complicada grande parte de ellas”, insistió.