La Audiencia Nacional ve indicios de homicidio por imprudencia grave en el naufragio del Villa de Pitanxo

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado remitir a Marín, en Pontevedra, la investigación sobre el naufragio del buque 'Villa de Pintaxo', en la que, explica el auto, ve indicios que permitirían imputar "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores". Ante esa posibilidad, la hija de uno de los 9 desaparecidos, María José De Pazo, ha pedido en declaraciones a esta emisora: "Hoy, más que nunca, sería una decisión necesaria bajar al barco. Porque que se diga que hay indicios de 21 homicidios imprudentes es muy grave. Entonces, si se baja al barco, se arrojará más claridad, más datos objetivos para que el juez al que le toque tenga más pruebas para hacer justicia".

Si se baja al barco, se arrojarán más datos objetivos para hacer justicia", considera María José De Pazo

Esta decisión de la Audiencia Nacional se produce después de que la Fiscalía considerase que la competencia pertenecía al juzgado territorial, porque es la localidad donde radica el puerto base del navío.

En un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 se alinea con la posición del Ministerio Fiscal y recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo y los tratados internacionales reconocen la soberanía al Estado de origen del buque para evitar lagunas competenciales en alta mar.

Así las cosas, el magistrado señala que lo ocurrido en el naufragio del buque el pasado 15 de febrero a 450 kilómetros al este de Terranova (Canadá) son hechos cometidos dentro del territorio español, quedando la investigación del citado incidente fuera de las competencias de la Audiencia Nacional. En ese accidente fallecieron un total de 21 personas.

"En las presentes diligencias ha de acudirse, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, al encontrarnos ante supuestos delitos cometidos en un buque español hundido en aguas internacionales, al artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, correspondiendo la competencia al Juzgado de instrucción de Marín", recalca el juez.

Denuncia al no coincidir las versiones de los supervivientes

El auto explica que la causa se incoó por una denuncia presentada por la Dirección General de la Guardia Civil de Pontevedra tras tomar declaración a los tres supervivientes. Uno de ellos, Samuel, efectuó una declaración distinta a la que prestó anteriormente sobre la forma en que se produjo el hundimiento del pesquero y cómo fueron falleciendo por hipotermia cada uno de los tripulantes.

De un análisis somero de los hechos, y "sin perjuicio de lo que resulte" tras la instrucción que corresponde al Juzgado de Marín, el juez induce además que "se concitan elementos indiciarios" que permitirían imputar "al menos 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores".

Fue el pasado 7 de marzo cuando el magistrado de la Audiencia Nacional dio traslado al Ministerio Público para que le informase sobre si debía iniciar o no las pesquisas dirigidas a determinar si hubo una responsabilidad penal en el naufragio. La Fiscalía informo hace unas semanas en contra de que asumiera la investigación, instándole a remitirla a Marín.