Herrera: “Tener mandato caducado no supone ningún menoscabo de la legitimidad de los magistrados del TC"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Bueno, con Argentina campeona del mundo en un partido apasionante frente a Francia, del que si le parece hablamos después a las 10:30 de la mañana, 900 50 60 06.

El decisivo Pleno del Tribunal Constitucional

Hoy les cuento la actualidad del día de este 19 de diciembre, la semana que contiene Nochebuena y Navidad, y que tiene que ver mucho con el Pleno del Tribunal Constitucional que se tenía que haber realizado el jueves pasado pero por falta de quórum se suspendió hasta hoy. Y que se reúne en medio de una enorme expectación de todo tipo de presiones por parte del Gobierno para decidir que: si estima el recurso de amparo presentado por el Partido Popular contra la reforma exprés del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional, es decir, tiene que analizar no el contenido de las reformas en sí, sino el procedimiento para poner en marchar esas reformas. Cualquier cosa es posible.

El jueves, ya saben, que los magistrados de sanchistas amenazaron con no participar en la votación, dejar el Pleno sin el quórum y hubo que tomar la decisión de aplazarlo hasta hoy. Hay presiones políticas contra el Tribunal ¿para qué? Pues para evitar que estime ese recurso y esas presiones han continuado durante el fin de semana y de qué manera. Gracita Bolaños, ministro de la Presidencia, que cada día es más chulo de discoteca; ya lleva un par de revolcones del Constitucional con los estados de alarma, pero no deja de anunciarnos el apocalipsis si el Constitucional tumba la última chapuza legal de su factoría. Pero lo cierto es que la chapuza tiene toda la pinta de ser tumbada y de ahí los nervios exagerados que vimos el jueves pasado, la campaña brutal de presiones al Tribunal.

Ayer, el PSOE que durante el debate parlamentario del jueves pasado comparó a los magistrados del Constitucional con los golpistas del 23F nada menos, presentó dos recursos sobre la cuestión. El llamado bloque de izquierda va a intentar cambiar la mayoría del Pleno, ¿cómo? Pues recusando a dos magistrados, entre ellos al presidente González-Trevijano, por tener su mandato caducado. Vamos a ver, tener mandato caducado no supone ningún menoscabo de la legitimidad de los magistrados para ejercer su función; el Constitucional ha venido funcionando sin problemas dictando sentencias inobjetables, pese a que alguno de los magistrados pudiera tener el mandato caducado. Tampoco la división de los magistrados que se va evidenciar, inevitablemente, supone descrédito para la decisión que se adopte. Desde que Sánchez llego al poder la división y la polarización se ha extendido a todas las instituciones, y también al Tribunal Constitucional. Hoy, algunos quieren recordarle a González-Trevijano, que es el presidente ese tribunal, la figura de Manuel García Pelayo. García Pelayo fue presidente del Constitucional, creo del 80 al 86, y lo más peliagudo de sus decisiones se basó en la famosa sentencia de la adecuación a las normas o no de la expropiación de Rumasa. Empataron 6 a 6, y él por tener el voto de calidad fue el que dio el sí a esa expropiación, para entendernos, la razón que llevaba el Gobierno de Felipe González. Eso le costó a Manuel García Pelayo, que era un prestigioso jurista que había hecho su carrera prácticamente en el extranjero, en Argentina, en Venezuela; el tener que irse de España, y a los 3 años fallecer en Venezuela. La presión sobre un presidente del Constitucional en algo así es muy fuerte, muy importante, porque la decisión que cuestione el comportamiento, aunque no nos tengamos que rasgar las vestiduras para anunciar el colapso del sistema ,oiga, tiene que ver mucho con el hecho de ser árbitro de la Constitución, de velar porque los poderes del Estado, también el Legislativo, se comporten de acuerdo a la Constitución. Si la mayoría del Congreso utiliza maniobras torticeras para sacar adelante sus leyes y viola con ello los derechos de las minorías, ahí está el TC perfectamente legitimado para advertirlo. La democracia consiste, precisamente, en someter a la mayoría al dictado del Rey, algo que han olvidado, desde luego todos los portavoces de Frankenstein. El Gobierno y sus socios tienen mayoría para cambiar el Código Penal, derogar el delito de sedición, abaratar la malversación, sí; incluso pueden intentar cambiar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Constitucional, pero, deben hacerlo por los cauces previstos en la práctica legislativa: con debate, escuchando a las partes afectadas, pidiendo informes preceptivos al Poder Judicial y el Consejo de Estado, que es todo lo que se ha negado a la oposición durante el trámite exprés de los cambios.

Y fíjense si es importante atender los informes preceptivos que si se hubiera hecho caso al Consejo del Poder Judicial con la ley del ‘solo sí es sí’, nos habríamos ahorrado el goteo de rebajas de los agresores sexuales, ya vamos por 86 casos de rebaja. Sólo el viernes pasado cayeron 22. Pero, la ministra indocumentada que ha propiciado ese desastre sigue en su supuesto, ella y el resto de la banda de la tarta, esa banda de taradas del Ministerio de Igualdad que han hecho un bodrio de ley, y que ante el desastre se han puesto acusar a los jueces de indocumentados y machistas.

Pues del mismo modo que el jueves pasado todos los partidos de la mayoría del gobierno se pusieron de acuerdo en llamar golpistas a los magistrados del Constitucional. Todo este debate jurídico constitucional ¿desde qué arranca? De la decisión del Gobierno de impulsar con sus socios de Esquerra una batería de reformas para garantizar la impunidad a todos los que participaron del golpe del año 2017, la intentona. Una impunidad que se extiende hasta los resquicios más pequeños, los socialistas han ofrecido también al partido de Puigdemont cambiar la ley por la que los diputados golpistas perdieron su escaño, o sea, ahora podrán mantenerlo aunque estén procesados, aunque estén en prisión provisional. Es decir, que no falte de nada, barra libre. Delincuentes del mundo haceros independentistas catalanes, tendréis garantizada la impunidad: podréis robar dinero público, incumplir sentencias de los tribunales, no os pasará nada; y si tenéis escaño, tampoco lo perderéis. ¿Y por qué hace esto Pedro Sánchez? Hombre, por supuesto, para seguir en el poder, pero sobre todo para la siguiente legislatura en la que, no les quede duda, Sánchez si sigue en Moncloa veremos una consulta o un referéndum o lo que sea en Cataluña. Pero eso no explica las prisas, las urgencias, vienen de un objetivo: frenar el juicio pendiente a los altos cargos de la Generalidad que tendría que celebrarse en un par de meses, y esa es la razón de las prisas y las urgencias. Lograr la impunidad de esos 40 ex altos cargos de la Generalidad para que no lleguen ni a ser juzgados, para que no se le monte en las calles la que se montó con el juicio de los cabecillas del procés en el Supremo.Necesita desactivar a la Justicia, necesita garantizar la impunidad de los golpistas para mantener el espejismo de que en Cataluña todo está fenomenal, qué maravilla, qué bien vivimos todos.

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