Pilar García Muñiz: "Lo que ha hecho Alemania con la Sputnik es lo mismo que ha intentado Ayuso"

Estamos a viernes 9 de abril. Terminamos una semana en la que uno de los temas protagonistas ha sido sin duda la vacunación. Es de los asuntos que más preocupa ahora mismo en todo el mundo. Es vital, y nunca mejor dicho lo de vital, acelerar su ritmo para poder controlar el virus y evitar más fallecimientos. De ella también depende que podamos recuperar pronto cierta normalidad y por supuesto que la economía deje de sufrir cómo está sufriendo y empiece su recuperación.

La buena noticia es no se ha parado de vacunar. De hecho, ayer se batió un nuevo récord de vacunación en un solo día. Se administraron algo más de 453.000 dosis. Es la jornada en la que más pinchazos se han puesto. Es una cifra que se debe mantener cada día si queremos alcanzar ese objetivo al que el presidente del gobierno se comprometió el martes. Lo anunció por cierto como si fuera una novedad. Como si la ministra de Sanidad no lo hubiera estado repitiendo como un mantra en los días anteriores. Pero claro, aquí hay dos problemas: el primero es de confianza. No hace falta que les recuerde que Pedro Sánchez ya dio por terminada la pandemia el pasado mes de junio cuando dijo que habíamos vencido al virus y que saldríamos más fuertes. Pues, nueve meses después, aquí estamos. Aún con el virus, con una cuarta ola en ciernes y con una economía que no puede estar más debilitada. Y el segundo problema, tiene que ver con las matemáticas, con las cuentas. Les decía hace un momento que el ayer se pusieron algo más de 435 mil vacunas es una cifra bastante alta. Pues para alcanzar el objetivo de Sánchez hay que seguir vacunando a este ritmo todos los días desde ahora hasta finales de agosto. Todos los días, sin excepción. ¿Será posible aguantar este ritmo? ¿Lo podrán asumir las CCAA? ¿Llegarán suficientes vacunas para poner esa cantidad cada día? El plazo es tan ajustado que el calendario de Sánchez se puede venir abajo ante cualquier mínimo contratiempo y desde que empezó la vacunación han surgido unos cuantos.

Y ahora mismo tenemos uno más. Y encima de los gordos. Ese vuelco en la campaña de vacunación que ha obligado el asunto de AstraZeneca y que mantiene a dos millones cien mil españoles en un mar de dudas. Son profesores, policías, fisioterapeutas, bomberos que tienen menos de 60 años, que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que no saben si van a recibir la segunda. Ahora mismo entre ellos reina, sobre todo, el desconcierto. Desde el Ministerio de Sanidad, de momento, han pedido tranquilidad. Dice la ministra Carolina Darias que aún hay tiempo para tomar la mejor decisión sobre esas segundas dosis.

Ayer se reunió la Comisión de Salud, y las Comunidades y el Ministerio acordaron una nueva modificación. Ahora la vacuna de AstraZeneca se va ampliar hasta los 69 años. Pero siguen estudiando qué hacer con las segunda dosis a los menores de 60 años. Hay dos opciones: que no reciban esa segunda dosis o que se les pueda poner una segunda dosis de otra marca diferente a AstraZeneca. Vamos a ver cómo resuelven este lío que está dando tantísimo que hablar… Lo que hay que pedir ante una situación como esta es la máxima transparencia y un criterio común. Por supuesto, entre todas las Comunidades. Pero ayudaría a generar también tranquilidad que además fuera entre todos los países.

Y saben que la campaña de vacunación en la Unión Europea va lenta. Pues esa lentitud ha provocado que cada país empiece a hacer la guerra por su cuenta. Lo último que hemos sabido es que Alemania ya negocia de forma bilateral la compra de la vacuna rusa Sputnik V. Alemania, la gran aglutinadora de Europa, actuando por su cuenta. El gobierno de Merkel está dispuesto a negociar un contrato al margen de la UE para que en cuanto la Agencia Europea del Medicamento de el visto bueno al preparado ruso comience a distribuirse por su país. Parece ser que Alemania llevaba semanas apremiando a la Comisión Europea a que negociara de forma centralizada un acuerdo con Moscú sobre su vacuna. Desde Bruselas no han mostrado mucho interés, así que Alemania, cansada de esperar, ha decidido dar el paso y negociar por su cuenta. Los que ya han comprado la vacuna rusa han sido Hungría y Eslovaquia, y Austria ha anunciado que lo hará en breve… Y a todo esto, ¿qué dice Bruselas? Pues da carta libre a los países miembros para adquirir las vacunas que quieran. Eso sí, que no figuren en la cartera común como sí lo están Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen.

Bueno pues lo que ha hecho Alemania es ni más ni menos lo que ha hecho la CAM y que tantas críticas ha recibido esta semana. Unas críticas que no entiende Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó que usará la vacuna Sputnik si la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno. Pues Madrid no es la única Comunidad que ha iniciado esos contactos. Ximo Puig en Valencia también habló con los representantes de Jansen, aunque asegura que sólo era una reunión informativa para saber cúantas dosis les van a llegar en su comunidad. Y Andalucía también ha tenido contacto con algunos laboratorios para tantear el mercado.

Es cierto que la Unión Europea ha actuado de forma muy lenta y no ha gestionado bien la compra de las vacunas. Pusieron todo su empeño en lograr el mejor precio posible, cuando lo importante era asegurar las dosis suficientes en los plazos correctos. Y, claro, cuando las cosas no se hacen bien se corre el riesgo de que pase esto. De que cada uno actúe por su cuenta y la compra de vacunas acabe siendo algo parecido a un mercado persa.

Y como no puede faltar la polémica política, el debate sobre qué hacer tras el estado de alarma cobra fuerza. Sobre todo, después de que el Consejo de Estado haya venido a dejar en una situación incómoda al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué dice el Consejo de Estado? Pues en una resolución del 22 de marzo pidió a la vicepresidenta Carmen Calvo que elabore, por fin, una Plan B para gestionar la pandemia sin la necesidad de prorrogar el Estado de Alarma. Informe, por cierto, que el gobierno ocultó o del que, al menos, se ha cuidado de no mencionar. De hecho, se trata de la segunda ocasión en la que el ejecutivo oculta un dictamen que contradice su estrategia.

El caso es que el órgano consultivo denuncia las carencias de la ley actual y cree que hay demasiadas lagunas en las garantías judiciales de las leyes actuales, en las que debería basarse la gestión de la pandemia. Hay que recordar que, esta misma semana, la vicepresidenta Calvo insistía en lo contrario que el Consejo de Estado. El gobierno sí cree que se puede sustituir el Estado de Alarma por leyes como la de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública.

Pues Calvo lo decía tras conocer (ella sí, aunque el resto de los españoles todavía no) ese informe tan crítico del órgano consultivo del Estado. Parece que el gobierno lo fía todo a la resolución del Tribunal Supremo, que indica que lo que se decida en el Consejo Interterritorial de Salud debe ser de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas.

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