Ángel Correas: "El pin parental tiene todos los ingredientes para convertirse en trinchera ideológica"

Segundo Consejo de Ministros del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y la ministra de Educación, Isabel Celáa ya se ha metido en un berenjenal considerable. Eso sí, encantada de la vida porque hoy tienen todos los titulares.

Ha sido el llamado pin parental lo que ha desencadenado la reacción en bloque del Gobierno Sánchez.

¿Qué es el pin parental? El pin parental, activo en la región de Murcia, consiste en que los padres puedan autorizar, o no, cualquier charla, taller o actividad que afecte a la identidad de género, el feminismo o las cuestiones LGTBI. Estamos hablando de actividades complementarias, impartidas por personas ajenas al centro, que no están dentro del currículum. Los padres pueden decidir si consideran adecuado o no que sus hijos reciban o no esa formación. No son Matemáticas, Lengua o Ciencias Naturales.

Esta medida ha sido impulsada por VOX y asumida en Murcia por PP y Ciudadanos, así que ya tiene todos los ingredientes para convertirse en trinchera ideológica.

El Gobierno de coalición ha tomado el pin como primera bandera de batalla y el resultado es esta frase de la ministra de Educación para la posteridad: “No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres”. Entonces, ¿a quién pertenecen los hijos? ¿Al Estado? Como, por ejemplo, podría decir el líder de Corea del Norte Kim Jon Un. No, al Estado tampoco

Los hijos efectivamente no son propiedad, no existe la propiedad sobre las personas. Eso sería esclavitud. Eso no hace falta que venga a explicarlo nadie, aunque sea la ministra de Educación.

Sí que existe la responsabilidad y el deber en el cuidado y en la educación de los hijos, pero no para poseerlos, sino para que precisamente el día de mañana puedan ser libres.

Y esa responsabilidad y ese deber de los padres se debería de ejercer con libertad, y así lo consagra la Constitución Española en su artículo 27.3; Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Así que lo que tenemos encima de la mesa es un auténtico debate. El gobierno de turno está en su derecho a diseñar los programas educativos que considere y de hecho llevamos ya ocho reformas educativas desde el año 1978. Pero los padres están también en su derecho a elegir que la educación de sus hijos se adapte a sus convicciones morales.

Es, en medio de este debate, donde se sitúa la polémica por este pin parental y desde luego no parece aportar ninguna claridad el razonamiento de la ministra Celáa...

Al final, este Gobierno Sánchez abre la puerta para acudir a los tribunales contra el Gobierno de la Región de Murcia, y para ello ha enviado un requerimiento, un primer paso para abrir ese procedimiento judicial. Acaba de subirse al caballo de batalla.

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha saltado como un resorte contra el ejecutivo murciano por una posible vulneración de los derechos constitucionales. Por contra, son varias las asociaciones desde Cataluña, como Sociedad Civil Catalana, que piden al Gobierno que tenga la misma diligencia con la Generalitat independentista por los reiterados incumplimientos de las sentencias que deberían garantizar la educación en castellano y que se saltan a la torera.

Desde luego, ahora mismo, el Gobierno está en otra cosa con Cataluña. Está en amansar a la fiera a base de caramelitos. El ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de dar vía libre a tres nuevas “embajadas” de la Generalitat en el extranjero; en Argentina, Túnez y México. Dice que la Generalitat se ha comprometido al limitar sus competencias y, por ejemplo, no hablar de relaciones bilaterales.

El Gobierno acepta y Quim Torra ya tiene un motivo para sonreír a Sánchez antes de su reunión inminente. Pues bien, ha ocurrido esto en el mismo día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado seis delegaciones catalanas en el exterior, evidenciando que el Gobierno va por un lado y la justicia por otro diferente.

Pero, para rizar el rizo, estas “embajadas” que ahora ha anulado la justicia fueron recurridas precisamente por el gobierno de Pedro Sánchez en agosto de 2018, por el que fuera ministro de Exteriores Josep Borrell porque, argumentaron entonces, servían para promover el desprestigio de España. Ahora el nuevo Gobierno Sánchez permite otras tres delegaciones que está por ver, no acaben convertidas en un instrumento de propaganda internacional como lo fueron las otras.

Todo esto forma parte de la mesa de negociación a la que Sánchez se ha comprometido con Esquerra Republicana. Pues bien, su líder Oriol Junqueras ha vuelto a lanzar otro mensajito desde la cárcel en una entrevista en el diario El País. Los Presupuestos Generales del Estado van a depender, dice Junqueras, de los avances en esa mesa de diálogo prometida. Es decir, Esquerra está marcando los tiempos. No es ninguna sorpresa. Como tampoco lo es ya que Junqueras saque como conclusión de todo el procés que “lo hicimos para poder volver a hacerlo”. El objetivo, dice, “era y será la independencia”. Este es el interlocutor de Sánchez.

Por lo demás, este día, 18 de enero, pasa además por la intención del Gobierno de Baleares para ponerle coto al denominado turismo de borrachera. Turismo de bajo coste que consiste en llegar a zonas de copas en Mallorca o Ibiza a través de vuelos baratos y beber hasta perder el sentido. La diversión incluye algunas modalidades complementarias como el Balconing, saltar a las piscinas de los hoteles desde las habitaciones y en más de un caso han acabado en tragedia.

Las medidas afectan de momento a tres zonas: El Arenal y Magaluf en Mallorca, y Sant Antoni en Ibiza. Se prohíbe el todo incluido en hoteles y los locales de venta de alcohol ya no podrán hacerlo las 24 horas. Para bares de copas y discotecas se prohíben también las ofertas tipo 2x1, barras libres, happy hours o las rutas organizadas para beber. Además, contempla la expulsión de todos los hoteles de Baleares de los turistas que practiquen el "balconing" y multas en este caso de hasta 60.000 euros.

Cómo estará la cosa para que la administración haya tenido que cortar de raíz un negocio como este. Negocio de ocio sí, pero fuera de control. Seguramente, por su riqueza natural y cultural, Baleares no tendrá demasiados problemas en extender el modelo, que ya goza, de un turismo más rentable y más controlado en general. Para muchos, Palma o Ibiza, no necesitaban este tipo de turismo cutre, que no hay que confundir con el ocio controlado o un turismo más económico que no tiene por qué basarse en el alcohol barato.

El turismo de borrachera es otra cosa, que tiene mucho de borrachera y poco o nada de turismo.