Herraiz, sobre la posible imputación de García Ortiz: "Sería la primera vez en la historia de la democracia"

Muy buenos días. Vamos ya a por esta tercera hora de Herrera en COPE. Te acompaña Antonio Herraiz en este 16 de julio, día de la Virgen del Carmen que es la patrona de las gentes del mar y también de la Armada Española.

A Pedro Sánchez le gustaría que estuviéramos hablando todo el programa de las celebraciones de la selección española, aun con la cobra que le hizo Dani Carvajal, aun con la frialdad que tuvieron los jugadores en Moncloa comparada con la cercanía que mostraron ante los Reyes. Todo para seguir ocultando, como hace hoy buena parte del equipo de opinión sincronizada, de los dos asuntos judiciales que le acorralan. Está lo de su mujer, Begoña Gómez y lo de la fiscalía general del Estado. En los dos casos hay novedades, aunque lo nieguen en el PSOE e ironicen con ese que paren las rotativas.

Esta es Esther Peña, una diputada por Burgos, que es la que Sánchez ha colocado en Ferraz para que se coma todos los marrones que acorralan al presidente. El más gordo, si es que hay alguno más relevante que otro, es el caso de Begoña Gómez. Y como de lo que se trata es determinar si sus actuaciones han incurrido o no en un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, conviene recordar los hechos.

Es un hecho que a la mujer de Sánchez le dieron la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense a medida, sin tener titulación, y dentro de un proceso que se fraguó desde Moncloa. Es un hecho, no desmentido hasta ahora, que Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés.

Es un hecho que el grupo empresarial de Barrabés multiplicó el monto de las adjudicaciones públicas a partir de la creación del máster de Begoña Gómez hasta superar los 20 millones de euros.

Es un hecho que este empresario recomendado por la mujer del presidente tuvo un papel importante en la relación entre Begoña Gómez y Globalia, propietaria de Air Europa, aerolínea rescatada por el Ejecutivo. Y es un hecho, porque así lo reconoció el propio Barrabés ayer que se reunió con la ciudadana Begoña Gómez en Moncloa y que en esos encuentros estuvo presente Pedro Sánchez hasta en dos ocasiones.

Esto es, como puedes intuir a esta hora, lo habitual. Y si eres empresario lo habrás podido comprobar. Llama a Moncloa. Está el presidente, que se ponga. Está Begoña, que se ponga también, que quiero ver a los dos a ver si me cae alguna adjudicación del ala que ando algo tieso. Pues esto es lo que, desde el PSOE, su portavoz, Esther Peña, trata de darle visos de normalidad.

No parece muy normal que la mujer del presidente utilice la Moncloa para reunirse con un empresario hasta media docena de veces y dos de ellas en presencia del propio Pedro Sánchez. Un empresario para el que ha firmado cartas de recomendación.

Esto no ha ocurrido nunca con la mujer de ningún presidente del Gobierno. Cosa distinta es si finalmente cometió delito o no. Si se determina que Begoña Gómez influyó en esas adjudicaciones públicas, algunas, por cierto, investigadas por la Fiscalía Europea porque se pagaron con fondos europeos. Luego está la ética y la estética, que el presidente ha pisoteado, abordando asuntos en Moncloa para mejor gloria del bolsillo de su mujer.

Luego ya podríamos entrar en el respeto que desde el Gobierno y desde el PSOE están teniendo por la instrucción de un juez que tiene todo el derecho de investigar a Begoña Gómez, como con cualquier otro ciudadano. Faltaría más. Eso no es fango, eso sí que es la normalidad de la justicia ordinaria.

Y luego lo del fiscal general del Estado. Desde aquel descubrimiento de Sánchez a la humanidad: “de quién depende la fiscalía, del Gobierno, pues ya está”, la Fiscalía general del Estado ha sufrido una degradación continúa. Lo último es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general, se sitúa al borde de la imputación. Sería la primera vez en la historia de nuestra democracia. De momento, lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es elevar al Supremo la causa que le afecta. García Ortiz es aforado y, por tanto, es el órgano competente.

¿Y por qué el Alto Tribunal tiene que decidir si imputa o no al fiscal General del Estado? Todo tiene que ver con el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Por orden del propio García Ortiz, -esto reconocido por él mismo-, se emitió una nota de prensa en el que aparecían datos que, hasta ese momento, formaban parte de las actuaciones preprocesales. Es decir, secretos. Informaciones, que conocía la Fiscalía y que afectaban al derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Y aquí el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es claro: Esos datos, esa información NO puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo. Y eso es lo que tendrá que determinar ahora el Supremo. Si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Si lo hizo por motivaciones políticas.

¿Tendrá repercusión si finalmente el fiscal general del Estado es imputado? ¿Pedro Sánchez forzará su dimisión? Habrá que ver si llega ese momento, pero el presidente ya ha dicho que nones.

Que, por supuesto que no tiene que dimitir, aunque sea imputado, y que tiene todo el apoyo del Gobierno. Como si fuera un ministro más. Y en esas está ahora inmersa toda la factoría de marketing de Moncloa, todo el equipo de opinión sincronizada. En vender que si García Ortiz reveló información secreta fue para tapar un supuesto bulo que había salido de la Comunidad de Madrid. Esto lo desmiente la investigación contra el fiscal. Y aunque no fuera así. El fin no justifica los medios. Ni en política ni mucho menos en las cuestiones que afectan a la Justicia.

La consecuencia de esa maniobra perjudicó a un tercero y ahora el Supremo tendrá que determinar si es delito o no.

Si le imputan, en el Gobierno intentarán hacernos creer que es algo normal. Que es un bulo o que es cosa de la fachosfera. El Consejo General del Poder Judicial ya cuestionó el nombramiento del fiscal, calificándolo de no idóneo, y no pasó nada. El Supremo concluyó que García Ortiz cometió desviación de poder cuando maniobró para ascender a su mentora, a la exministra socialista Dolores Delgado, y no pasó nada. Situaciones completamente anormales reducidas a una especie de cotidianeidad. ¿Por qué? Por lo de siempre. Porque a un escándalo le sucede otro mayor y, como no pasa nada, adelante con los caballos.