Cáritas pide al Congreso que la futura Ley de Vivienda no deje fuera a las familias en situación vulnerable

Cáritas ha acogido favorablemente la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda por parte del Congreso y el Senado y la organización llevará a todos los grupos parlamentarios sus propuestas sobre un tema que consideran "decisivo en la lucha contra la desigualdad social".

La organización ha celebrado la inclusión de la vivienda social como una necesidad de emergencia al establecerse protocolos y ayudas de emergencia municipal y regional, incidiendo en aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Hace falta, sin embargo, "seguir exigiendo una respuesta inmediata a la situación habitacional que sufren miles de personas en la actualidad como quienes se encuentran en una situación administrativa irregular o no cumplen requisitos administrativos documentales y que la ley sigue sin contemplar".

Asimismo, consideran que una ley que regula aspectos relativos al derecho a acceder a una vivienda adecuada debe hacer referencia expresa al derecho a que esa vivienda tenga garantizado el acceso a los suministros básicos. En este sentido, "debe garantizarse el acceso a los suministros de electricidad, agua, gas e internet, en condiciones de seguridad, regulándose la prohibición del corte de dichos suministros por impago a aquellas personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad".

En referencia al parque público de vivienda y la coordinación entre la normativa proyectada y los Planes Estatales de Vivienda, consideran que para lograr la propuesta de Cáritas de que se proceda a la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler, la futura ley debe profundizar más en el desarrollo de herramientas jurídicas de protección de la titularidad pública de forma permanente.

En referencia a los desalojos forzosos sin alojamiento alternativo, Cáritas valora positivamente que se haya incluido el juicio de proporcionalidad a la hora de valorar la conveniencia de conceder el aplazamiento del lanzamiento y que a este trámite se le haya dado una regulación detallada, de la que carece actualmente.

No obstante, consideran que es insuficiente, pues no impide que se pueda desalojar a personas vulnerables sin alojamiento alternativo. En ese sentido, "se deja a dichas personas aún más expuestas que las propias medidas especiales que se aprobaron durante la pandemia, pues estas últimas abarcan más procedimientos judiciales y operan tras constatar la vulnerabilidad mediante informe de Servicios Sociales".

Por último, Cáritas celebra también la novedad del proyecto de ley acogiendo la propuesta de la sociedad civil, del Comité Europeo de las Regiones y de la Conferencia de Consenso Europeo sobre las Personas sin Hogar al incluir parcialmente el concepto de sinhogarismo en las definiciones que sustentarán las futuras políticas públicas.

La organización apuesta para que, en un futuro próximo, las personas y familias sin hogar puedan tener acceso, disfrutar y ver garantizado su derecho humano a una vivienda adecuada.

Sonia Olea Ferreras, experta de Cáritas en vivienda, ha valorado especialmente la incorporación "en la primera normativa de rango estatal el desarrollo de la función social de la vivienda y del derecho humano a una vivienda digna y adecuada".