Una segunda oportunidad

En el imaginario colectivo siempre tenemos presente a Estados Unidos como país de emprendedores, de empresarios que se arruinan varias veces antes de alcanzar el éxito y triunfar en los negocios. Más allá del sueño americano, lo cierto es que allí sí han sido pioneros en la regulación de aquello que aquí conocemos como ‘segunda oportunidad’ -los anglosajones lo llaman Fresh Start- y se han establecido como un referente mundial en la regulación de esta materia. Una regulación que dice mucho de su forma de concebir el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevas ideas sin importar el punto de partida. Como dijo Walt Disney: "Si lo puedes soñar, lo puedes hacer".

Y es que el propio Disney estuvo en una ocasión a punto de arruinarse, cuando en 1930 su compañía tuvo que afrontar una deuda de 4 millones de dólares -calculen el equivalente de la época-. O por mencionar casos más recientes: también los fundadores de compañías como Apple o Microsoft han vivido situaciones de quiebra. Pero más allá de estos casos puntales, lo cierto es que existen numerosos ejemplos en el mismo sentido, y que, gracias a que muchos de estos empresarios pudieron tener acceso a una segunda oportunidad, se pusieron en marcha nuevos proyectos que han contribuido enormemente al desarrollo económico del país, a la atracción de talento y a la creación de cientos de miles de puestos de trabajo.

Traigo este tema a colación porque creo que esta ha sido una de las razones por las que Estados Unidos ha sido la primera potencia económica mundial de los últimos 70 años: la capacidad de sus empresarios para reinventarse. No dar una derrota por definitiva, si no volver al ataque con aún mayor empuje.

MEJORAR LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Para favorecer este empuje, en España tenemos lo que coloquialmente conocemos como ‘ley de segunda oportunidad’. Una ley aprobada en 2015 y que tenía por objeto permitir a emprendedores y autónomos recuperarse de un fracaso empresarial refinanciando sus deudas -o incluso cancelándolas- a través de un acuerdo con sus acreedores. Una forma de volver empezar de cero sin que las deudas contraídas les condenasen a la ruina.

En CEAJE celebramos en su día la llegada de esta ley por el gran avance que suponía para la dinamización del emprendimiento en España. Era un paso hacia delante que como país teníamos que dar y que lanzaba un mensaje claro de apoyo a los empresarios españoles. Sin embargo, trascurridos unos años, parece que la ley no ha terminado de cumplir las expectativas generadas. En primer lugar, por su escasa implantación, probablemente generada por la falta de conocimiento, o de comprensión, sobre las posibilidades que ofrece -he aquí un gran reto para las administraciones y los colegios profesionales-. Y, en segundo lugar, por la necesidad de su actualización. Hace falta ir un paso más allá, y estos casi 6 años desde la aprobación de la ley nos han servido de rodaje para detectar puntos de mejora. Por ejemplo, en lo relacionado con la exoneración de deudas con las administraciones públicas, en materia tributaria y de Seguridad Social. O en la ampliación de los beneficios de justicia gratuita, teniendo en cuenta que las personas que deben afrontar este proceso carecen, en la mayoría de los casos, de los medios para hacer frente al coste del procedimiento.

Lamentablemente, estas carencias de la ley van a hacerse especialmente patentes en el entorno de crisis en que estamos inmersos. Con miles de negocios echando el cierre, y un gran número de empresarios fuertemente endeudados por haber intentando salvar sus negocios, la mejora de algunos aspectos de esta ley podría suponer un auténtico salvavidas.

Por eso creo que este es el momento propicio para demandar a las instituciones una actualización de la ley que nos permita seguir avanzando en la materia. Así demostrarían una voluntad real de ayudar a muchos de estos empresarios a volver a empezar. A volver a apostar por una idea. Porque, además -seamos claros- si queremos que nuestra economía se recupere, vamos a necesitar a esos empresarios.