El juez ordena retirar las multas al fondo de inversión que denunció a Colau

Un juez ha ordenado al Ayuntamiento de Barcelona retirar las multas por no ofrecer alquiler social impuestas a un fondo de inversión, el mismo que ha denunciado a la alcaldesa por prevaricación y coacciones, al considerar que la norma que amparó las sanciones fue posteriormente declarada inconstitucional.

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado a Efe la información que este martes publica Tot Barcelona de que ha retirado por orden judicial las sanciones por valor de más de 417.000 euros que impuso en 2020 al fondo Vauras Investment por no ofrecer alquiler social a seis familias vulnerables en el bloque Llavors de la capital catalana.

La resolución judicial considera que la inconstitucionalidad de diferentes preceptos del Decreto 17/2019 dictada por parte del Tribunal Constitucional tiene efectos desde la misma entrada en vigor del decreto, han indicado a EFE fuentes municipales.

Vauras Investment presentó un recurso a las sanciones, y el juez consideró que eran "inconstitucionales" ya que, aunque en el momento de tramitarse las multas el artículo de la ley catalana 17/2019 de medidas de emergencia habitacional que las ampara estaba vigente, posteriormente fue declarado inconstitucional.

"El juez se ha basado en el argumento de que el artículo que amparaba al consistorio fue anulado posteriormente y ya no estaba vigente cuando el fondo buitre presentó el recurso", según Tot Barcelona.

A través de Twitter, la concejal de Vivienda, Lucía Martín, ha puntualizado que la suspensión del Decreto 17/2019 -de la Generalitat de Cataluña- por parte del TC "anula decenas de sanciones contra fondos de inversión", pero "gracias a la movilización social ya existe una ley -la ley de Vivienda- que nos permite iniciar 20 expedientes sancionadores contra grandes tenedores que no han realizado alquileres sociales".

"Seguiremos con el mismo compromiso firme para aplicar políticas de vivienda que frenen la especulación, aunque esto nos exponga en el 'lawfare' del lobby inmobiliario", ha tuiteado Martín, que como Colau y el concejal Marc Serra, está investigada por la querella de Vauras.

La semana pasada, la Audiencia de Barcelona, en contra de la opinión de la Fiscalía y del juzgado que no había admitido la querella presentada por Vauràs, ordenó investigar por coacciones y prevaricación a Ada Colau y a los concejales Marc Serra y Lucía Martín, como pedía el fondo.