La negativa de Alemania impediría al Supremo juzgar a Puigdemont por rebelión

La decisión de la justicia alemana de denegar la extradición a España del Carles Puigdemont por rebelión impediría al Tribunal Supremo juzgarlo por ese delito y limitaría su acusación a la causa por malversación de fondos públicos, al menos en la causa que actualmente instruye el juez Pablo Llarena.

La legislación sobre la orden europea de detención y entrega (euroorden) impide a un tribunal español juzgar a un reclamado por un delito distinto a aquellos por los que lo entrega el país en el que ha sido detenido.

Aunque esa misma ley abre una posibilidad para que el expresident sea juzgado por rebelión en un futuro, después de cumplir una primera condena por malversación en el caso de que le fuera impuesta.

Para que ese segundo juicio fuera posible, una vez recuperada la libertad debería pasar 45 días en territorio nacional o irse al extranjero y regresar.

Actualmente, el juez del Supremo Pablo Llarena reclama a Puigdemont por un delito de rebelión (penado con hasta 25 años de cárcel) y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión).

Pero la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado el delito de rebelión en el proceso de extradición porque considera que no se cumple el requisito de la violencia.

Es la misma interpretación que hace la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien ha procesado al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y a los exjefes políticos del cuerpo policial por sedición, al entender que no hubo violencia en el acoso a la Consejería de Economía ni en la jornada del 1-O.

Esa decisión conduce a una situación en la que el Supremo podría juzgar por rebelión a parte del antiguo Gobierno de la Generalidad, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, y a los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero no a Puigdemont, a quien el juez Llarena considera principal responsable.

El tribunal alemán aún debe decidir si lo extradita por malversación de caudales públicos y, de ser así, Puigdemont solo sería juzgado por ese delito. Al menos en el actual proceso.

Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden.

El juez Llarena ya tomó esa decisión el pasado 5 de diciembre, poco después de asumir la causa, cuando retiró las órdenes de detención que había dictado anteriormente la juez Lamela contra Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas.

Lo hizo ante la perspectiva de que Bélgica no lo entregara por los delitos más graves, lo que, según plasmó en su auto, perjudicaría el proceso y a los acusados que sí que se pusieron a disposición de la justicia.