El PP abre una guerra jurídica por el reparto de menores extranjeros: consideran que "aumenta" la desigualdad

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han dado los primeros pasos para emprender una batalla judicial contra el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados. Alegan que esta medida agrava la desigualdad entre los territorios y que el Ejecutivo ya habría decidido la distribución sin contar con ellas, lo que ha generado malestar en varios gobiernos autonómicos.

Acogida desigual y centros saturados

Las comunidades del PP aseguran que el reparto impuesto por el Gobierno no responde a criterios objetivos y que muchas de ellas ya están al límite de su capacidad. "No se trata de rebeldía, pero tememos que el Gobierno ya haya hecho el reparto con sus propios registros", afirman desde el entorno del partido.

Este temor se vio reforzado cuando Junts reveló la distribución, dejando a Cataluña y al País Vasco prácticamente al margen y asignando un gran número de menores a autonomías como Madrid o Andalucía. Las cifras respaldan esta preocupación: Madrid ha acogido a unos 940 menores en lo que va de año, Baleares a 660, Cataluña a 645 y Murcia a 500.

Para los gobiernos autonómicos del PP, este reparto supone una carga desproporcionada, especialmente para comunidades que ya enfrentan problemas de saturación en sus centros de acogida. "Nos están obligando a asumir un volumen de menores que simplemente no podemos gestionar sin apoyo adicional del Estado", explican fuentes del ejecutivo madrileño. Aseguran que el reparto no ha sido negociado de forma justa y que las condiciones de acogida varían enormemente entre regiones, lo que aumenta la desigualdad en el tratamiento de estos menores.

La vía judicial y la validación

Para frenar el decreto, las comunidades populares han iniciado acciones legales en distintos frentes. "Hemos empezado a dar los primeros pasos en nuestra guerra jurídica mirando tanto al Constitucional como al Tribunal Contencioso Administrativo", confirman fuentes del PP. La estrategia jurídica se centra en impugnar la decisión del Ejecutivo bajo el argumento de que el decreto vulnera el principio de autonomía de las comunidades autónomas, imponiendo obligaciones sin contar con su aprobación previa.

Mientras tanto, el Gobierno sigue adelante con sus planes. El decreto debe ser convalidado en el Congreso el próximo 10 de abril, en una sesión que se prevé tensa debido a la oposición del PP y otras fuerzas críticas con la medida. Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es que la norma entre en vigor antes del verano, permitiendo un reparto que consideran "imprescindible" para aliviar la carga de comunidades que han acogido a un gran número de menores en los últimos años.

En La Moncloa confían en que el reparto pueda ejecutarse en los próximos meses, pero la oposición de las comunidades gobernadas por el PP podría retrasar su aplicación si la justicia les da la razón. De confirmarse un litigio prolongado, el proceso podría quedar en suspenso, generando incertidumbre sobre el destino de miles de menores.

El conflicto sigue abierto y la decisión final dependerá de los tribunales y del debate parlamentario. El PP ya ha adelantado que, en caso de que el decreto siga adelante, explorará nuevas vías para recurrir su aplicación o renegociar sus términos en futuras revisiones del texto legal.