EEUU sanciona a 700 entidades iraníes, pero exime a China y otros 7 países

El Gobierno de Estados Unidos ha sancionado este lunes a 700 individuos, empresas y entidades de Irán, principalmente de sus sectores energético y financiero, pero ha anunciado que 8 países (China, India, Italia, Grecia, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Turquía) estarán exentos de esas restricciones.

Esas ocho naciones son las mayores importadoras de crudo iraní con Nueva Delhi y Pekín a la cabeza, por lo que el efecto de las nuevas sanciones en el sector petrolero será limitado.

En una rueda de prensa, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, ha explicado que esas exenciones, que durarán seis meses, se conceden bajo "circunstancias especiales" y pretenden "garantizar un mercado petrolero bien abastecido", aunque Washington aspira a reducir a "cero" los ingresos que Irán obtiene del petróleo.

Pompeo ha insistido en que su Gobierno continuará con su "campaña de presión económica sin precedentes" para forzar a Irán a acabar con sus "actividades malignas" en Oriente Medio, y obligarle a negociar un pacto que no se limite al programa nuclear y englobe su respaldo a grupos como la organización chií libanesa Hizbulá. "El régimen iraní tiene opciones: puede hacer un giro de 180 grados en su curso de acción ilegal y actuar como un país normal, o puede ver cómo se desmorona su economía", ha advertido el secretario de Estado estadounidense.

A las 00.01 hora local del lunes (7.01 en España), el Ejecutivo estadounidense volvió a imponer sobre Irán las sanciones que había levantado tras la firma del acuerdo nuclear suscrito en julio de 2015 por la República Islámica y el G5+1, entonces integrado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del acuerdo en mayo y anunció la reanudación de las sanciones.

Como resultado de las nuevas restricciones quedan congelados los activos que los sancionados tienen en EE.UU., mientras que los estadounidenses y sus empresas no podrán hacer negocios con los afectados, entre los que se incluyen entidades portuarias, bancos y compañías del sector energético.