Regularización de migrantes

El Gobierno va a regularizar, cumpliendo con un compromiso anunciado hace algunas semanas, a 25.000 inmigrantes sin papeles que se vieron afectados por la Dana. Muchos negocios seriamente perjudicados por la riada estaban regentados por estos extranjeros. Este acontecimiento confirma algo que todos sabemos: una parte considerable de nuestra economía sale adelante por el trabajo de personas que están en nuestro país de forma irregular.

Hay un divorcio entre la realidad social de los migrantes y su situación legal. Y eso provoca un gran sufrimiento innecesario en muchas personas. El año pasado se aprobó un reglamento de extranjería que reducía de tres a dos los años para acceder al arraigo que permite llevar a cabo la regularización. Pero todavía hay en nuestro país alrededor de medio millón de personas en situación irregular. Hace ya casi un año el Congreso aprobó la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular que consiguió 700.000 firmas para llevar a cabo una regularización extraordinaria.

Aunque todos los grupos parlamentarios, menos VOX, votaron a favor de la tramitación, ese amplio consenso no se ha concretado todavía y la regularización está paralizada. La regularización, así como el reparto de menores migrantes llegados a Canarias, se ha convertido lamentablemente en un elemento más de confrontación partidista entre el Gobierno y sus socios, entre el Gobierno y la oposición, y entre el Gobierno de Sánchez y de las Comunidades Autónomas.