La Fiscalía ordena a los Mossos identificar a los responsables de los puntos electorales del 1-O

El fiscal superior de Cataluña ha ordenado a los Mossos que interroguen a los responsables de los colegios electorales del 1-O y les alerten de que ceder locales es delito, en una jornada en la que el mayor Josep Lluís Trapero no ha acudido a la primera reunión de coordinación policial y ha enviado a su número dos.

En una instrucción cursada este lunes, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ha ordenado a Trapero que los Mossos se personen en los centros educativos o administrativos de la lista de colegios electorales que difundió el pasado jueves a través de Twitter el presidente catalán, Carles Puigdemont.

El fiscal superior afirma en la instrucción que muchos son institutos u otros centros de enseñanza y añade que, "según aseguran distintas fuentes del ámbito educativo -entre ellas CCOO-, el área de Servicios Territoriales, dependiente del Departamento de Enseñanza de la Generalidad, ha contactado con la dirección de los centros".

En ese supuesto contacto de la Generalidad con los centros que deberían servir de colegios electorales el 1 de octubre, el fiscal afirma que se les habría pedido que introdujeran las llaves y la contraseña de la alarma de seguridad de los edificios dentro de un sobre que deberían depositar en una de las diez oficinas de los Servicios Territoriales repartidas por Cataluña.

Esa entrega se haría, dice la instrucción, el próximo viernes, dos días antes de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, y a cambio se les entregaría un recibo.

Por ello, el fiscal catalán pide a Trapero que los Mossos, en funciones de policía judicial, se personen "inmediatamente" en estos centros para identificar a sus responsables e interrogarlos, en calidad de testigos, sobre si han recibido alguna comunicación de la Generalidad solicitando su colaboración en el referéndum.

Los Mossos d'Esquadra han alegado ante la Fiscalía que ya están investigando los preparativos del 1-O y disponen de "un plan de actuación" para cumplir la orden del ministerio público de impedir la celebración del referéndum, por lo que creen injustificado que se les aparte de la coordinación.