Tras casi dos años de Ley de Eutanasia los médicos siguen cuestionando su necesidad

Tras casi dos años de aplicación de la Ley de Eutanasia en España, una parte de los médicos sigue cuestionando su necesidad. Desde la Comisión de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC) piden otro marco normativo y defienden el desarrollo de una Ley Nacional de Final de Vida. En vísperas del dictamen del Constitucional son más de 9.000 sanitarios, en su mayoría facultativos, los que han optado por apuntarse al registro de objetores.

“Todavía la mayor parte de los médicos cuestionan que la ley sea necesaria. Hay quien cuestiona si realmente tenía que existir una legalización de la eutanasia o, por el contrario, hubiera valido con una despenalización de la eutanasia. Y lo que consideramos imprescindible es el desarrollo de una Ley Nacional de Final de Vida, porque como médicos no podemos abandonar a quienes sufren y quienes solicitan la eutanasia sufren mucho” explica a COPE José María Domínguez, al frente de la Comisión de Deontología de la OMC.

Un nuevo marco normativo que no está, de momento, en el orden del día ni del Gobierno ni del Congreso de los Diputados, aunque sí existan algunas leyes autonómicas que recojan situaciones como la limitación de los tratamientos o el rechazo de los mismos que, según Domínguez, "son buenas prácticas clínicas para evitar el encarnizamiento terapéutico y que garantizan que, a diferencia de lo que ocurre ahora con la eutanasia, la persona muera por su enfermedad y no por un agente externo administrado por un médico”.

Y es que, aunque los médicos no puedan ser sancionados por aplicar una ley vigente como la de eutanasia y así lo recoge su Código de Deontología, también sigue vigente el principio que les impide colaborar o participar en la muerte de un paciente.

Más de 9.000 sanitarios se han inscrito en los registros autonómicos de objetores, en su mayoría médicos. Son algo menos de 300.000 los facultativos que están colegiados en España y todos ellos tienen reconocido por ley el derecho a la objeción de conciencia, figuren o no en el registro de objetores creados por mandato de la Ley de Eutanasia que dejó su regulación en manos de cada Comunidad Autónoma.

“No me parece válido relacionar el número de objetores de conciencia con la opinión que tienen los médicos sobre la eutanasia. Muchos médicos no han querido registrarse y pueden no hacerlo y otros por la especialidad que ejercen sería muy poco probable que se vieran confrontados a la realización de una eutanasia o un suicidio asistido”, subraya Domínguez.

Ni se ha inscrito en el registro ni recomienda hacerlo a quienes le preguntan en las formaciones hospitalarias que imparte el jefe de Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Álvaro de la Gándara “les he dicho que no se apunten y que si un día tienen una petición y quieren objetar que vayan a ver su director médico o a su gerente y le comunique que no tiene intención de practicar esa eutanasia para que busquen una alternativa”.

De la Gándara lo defiende así porque “yo a lo que objeto es a practicar una eutanasia, pero no a que me pidan una eutanasia y a acompañar a ese paciente y a movilizar todos los recursos que tengas a mano para limitar al máximo el sufrimiento de esa persona. Lo fácil es o salir corriendo porque eres objetor o presentarle los documentos que permitan acabar con su vida en 40 días, eso también es muy fácil”.

Considera que la ley es garantista en cuanto al procedimiento establecido en la ley, pero no en cuanto a la asistencia del paciente que requeriría “investigar el motivo que le lleva a pedir la muerte y las posibles soluciones físicas, psíquicas y emocionales”.

Y es que, aunque la ley establece la necesidad de ofrecer cuidados paliativos a quienes solicitan una eutanasia “no se ha hecho nada legislativamente para que la prestación de cuidados paliativos mejore en estos dos años, la cobertura de los paliativos es del 50 por ciento, es decir, que está lejos de estar garantizada para todos los que los necesitan”, lamenta.

Se estima que cada año mueren en España en nuestro país unas 80.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que necesitan.

Pocos datos que permitan extraer conclusiones

Cuando se cumplen el año y 9 meses de aplicación de esta ley, el Coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, José Ramon Amor Pan, echa de menos datos que permitan analizar lo que está sucediendo con esta práctica para extraer conclusiones.

“A estas alturas, camino de los dos años de entrada en vigor de la ley, debería haber muchos más datos de su aplicación para poder hacer un análisis detenido” lamenta. Es algo que comparte De la Gándara, partidario de que se den a conocer, por ejemplo, los motivos de rechazo de una eutanasia o los que llevaron a las personas a solicitarla que no figuran en los datos oficiales que hasta ahora han sido divulgados.

El Ministerio que dirige Carolina Darias aún no ha hecho público su informe anual correspondiente a 2022 de la llamada “ayuda a morir”. De momento, Sanidad solo ha ofrecido un balance de 2021, cuando la ley llevaba en vigor tan solo 6 meses. Durante ese medio año se ejecutaron 75 eutanasias, el 43 por ciento de las que se solicitaron, según figura en ese primer informe. Al hacer balance del primer año de entrada en vigor de la Ley, la ministra cifró en casi 180 las eutanasias practicadas.

“Son cifras bien pequeñas que demuestran que no es cierto lo que dice la ley en sus dos primeras líneas y es que respondía a una demanda sostenida de la sociedad. En España los casos practicados han sido significativamente inferiores a lo que cabría esperar y han estado por debajo de los registrados en otros países en los que también se introdujo la eutanasia en su legislación”, subraya Amor Pan.

El Constitucional ante el recurso de VOX

El Tribunal Constitucional analiza esta semana el recurso contra la Ley de Eutanasia planteada por VOX, que alega que esta legislación ataca el derecho fundamental a la vida, así como el deber del Estado de proteger a la vida y la salud.

Sin embargo, la ponencia presentada por el magistrado Ramón Sáez considera que el derecho a la vida (que recoge el artículo 15 de la Constitución no es absoluto) y que, por tanto, la eutanasia puede conectarse con el derecho a la libertad personal, a la intimidad y a la dignidad también reconocidos en la Carta Magna. Una tesis que, según fuentes jurídicas, apoyará la mayoría progresista del tribunal que también deberá enjuiciar las garantías de control de la actual legislación y el registro de objetores.

Un asunto, el de la eutanasia, en el que según recuerda a COPE el Profesor Coordinador de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad y Abogado Daniel Berzosa no hay muchos precedentes.

“A diferencia del otro problema, el del inicio de la vida, el del aborto, en el que hay una amplia jurisprudencia tanto nacional como europea, aquí nos movemos más en el terreno conceptual todavía” asegura.

Según Berzosa: “el derecho a la vida no es absoluto y admite límites, pero es cierto que ideológicamente ya así lo plasman las leyes, nos estamos deslizando del derecho a la vida como derecho fundamental al derecho a la calidad de vida”.