El peligro de materiales combustibles en fachadas: "Aumenta el riesgo de incendios"

El incendio en el Centro de Salud de Alanís del pasado martes, que obligó a pacientes y sanitarios a salir rápidamente del lugar, ha llamado la atención de los expertos en estas infraestructuras de uso público. Aunque no ha habido que lamentar daños personales y el origen del fuego está en un equipo de climatización, sucesos de este tipo en edificios críticos, que dan servicio a la ciudadanía, llevan a estos expertos a alzar la voz sobre la necesidad de que se revisen ciertos aspectos en materia de seguridad y protección de estas instalaciones, específicamente de las fachadas para evitar que se propaguen las llamas rápidamente. 

Andrés Pedreira, director del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendio, ha alertado del uso de materiales combustibles en los envolventes de muchos edificios. "Las fachadas son las vías más rápidas de propagación de incendios y se están multiplicando por siete en los últimos treinta años" denuncia Pedreira, que destaca que estamos cambiando las fachadas por materiales que se comportan energéticamente mejor, pero que, desde el punto de vista del incendio, se comportan peor, por lo que "estamos aumentando el riesgo". 

Desde este observatorio piden que en España la normativa de edificación sea más dura con respecto al uso de ciertos materiales en centros de salud, residencias de ancianos, colegios y también en edificios de difícil acceso para los bomberos. "En el resto de Europa se ha ido corrigiendo en todas las normativas, en España solo se hizo una corrección en 2017, pero sigue siendo laxa".  

Inglaterra recuerda, "ha prohibido todo tipo de material combustible en todas las fachadas, aquí no pedimos eso, pedimos que se prohíban aquellos materiales de alto riesgo que estén presentes en edificios que tenga más de 18 metros de altura y en aquellos en los que la accesibilidad de los bomberos sea más complicada".

"La falta de controles falla", Pedreira sentencia que estamos a años luz de los estándares europeos y que no se está respetando un derecho de los ciudadanos que es saber a qué riesgo están expuestos.