Burgos se queda sin más taxis: el TSJ frena el plan del Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Asociación Burgalesa del Taxi contra el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de Taxi de Burgos, que fue aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2023. 

En su fallo, al que ha tenido acceso la Cadena COPE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nulo el artículo 8.2 del reglamento, así como parte del artículo 32.1.b), al considerar que carecen de la debida motivación y justificación legal.

Un conflicto que viene de lejos

El desencuentro entre el sector del taxi y el Ayuntamiento de Burgos se remonta a la aprobación del nuevo reglamento, cuando la Asociación Burgalesa del Taxi decidió acudir a los tribunales para impugnar el aumento de licencias. En su momento, el concejal de Movilidad, José Antonio López, defendió la medida asegurando que había sido consensuada con los grupos políticos y respaldada por informes técnicos. Sin embargo, el sector denunció la falta de estudios que justificaran la decisión y la ausencia de consultas con los profesionales del taxi.

El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, protagonizó un episodio en la estación de tren Rosa Manzano. En una noche de intenso frío, tras comprobar la ausencia de taxis y la larga espera de los viajeros del AVE, la regidora manifestó su indignación, llegando incluso a reprender a un taxista que acababa de llegar. Su acción no solo generó sorpresa entre los presentes, sino que también desató un debate sobre la falta de taxis en la ciudad y la necesidad de mejorar el servicio.

Los taxistas rechazan más licencias

Uno de los puntos más conflictivos de la reforma del reglamento fue la decisión del Ayuntamiento de aumentar el número de licencias, pasando de una por cada 1.000 habitantes a una por cada 850. Esto supondría ampliar en 18 las licencias de taxi, pasando de 186 a 204. La Asociación Burgalesa del Taxi se opuso a esta medida, argumentando que el incremento de taxis supondría una reducción de los ingresos individuales de los profesionales del sector y podría precarizar su actividad. Además, defendían que no existía una demanda real que justificara ese aumento y que la decisión se había tomado sin consultar adecuadamente con el gremio.

Según los taxistas, la medida podría provocar una situación de sobreoferta, lo que derivaría en una competencia desleal y en una disminución de la rentabilidad del servicio. Alegaban, además, que el Ayuntamiento no presentó informes técnicos que demostraran la necesidad de aumentar la ratio de licencias ni analizó el impacto que tendría en la movilidad de la ciudad.

Por su parte, el Ayuntamiento justificó el cambio asegurando que existían franjas horarias y zonas en las que la disponibilidad de taxis era insuficiente. Sin embargo, el TSJCyL ha fallado a favor de la Asociación Burgalesa del Taxi, anulando el artículo 8.2 por falta de motivación y de justificación técnica.

El TSJCyL da la razón a los taxistas

El TSJCyL ha dado la razón a la asociación y ha anulado el artículo 8.2 del reglamento, que fijaba la nueva ratio de licencias. Según la sentencia, el Ayuntamiento no acreditó la necesidad de dicho cambio con informes técnicos o estudios de impacto, lo que vulnera la legislación vigente en materia de transporte público. Además, el tribunal ha declarado nula la expresión “tanto de la circunstancia que justifica la contratación, como” del artículo 32.1.b), relativo a la contratación de conductores asalariados, al considerar que dicha redacción limitaba injustificadamente la libertad empresarial de los titulares de licencias.

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La Asociación Burgalesa del Taxi también había solicitado la nulidad de otros artículos del reglamento, incluyendo aquellos relacionados con la transmisión de licencias, la antigüedad de los vehículos y las tarifas. Sin embargo, el tribunal ha desestimado estas pretensiones al considerar que las modificaciones introducidas por el Ayuntamiento estaban suficientemente motivadas y se ajustaban a la normativa vigente.

Posibilidad de recurso

La sentencia del TSJCyL no es firme y cabe la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Las partes tienen un plazo de 30 días para decidir si recurren la decisión.

Mientras tanto, la anulación del artículo 8.2 deja sin efecto el cambio en la ratio de licencias, lo que implica que el número máximo de autorizaciones seguirá rigiéndose por el criterio anterior hasta que se apruebe una nueva normativa que cumpla con los requisitos legales establecidos por el tribunal.