Veterinarios en pie de guerra: "La nueva normativa pone en riesgo la salud"

Los centros veterinarios de la provincia de León cierran hoy martes 11 de febrero sus puertas durante una hora -de 11 a 12- en señal de protesta por una normativa que “les imposibilita ejercer su trabajo, poniendo en serio riesgo la salud de las personas, de los animales y el medio ambiente” tras la entrada en vigor de una regulación que regula el uso de medicamentos veterinarios y establece restricciones en la prescripción de antibióticos para animales de compañía.

La Asociación de Empresarios Veterinarios de León, Ceve, considera “excesivas y arbitrarias las limitaciones que además dificultan la labor de los veterinarios”, ya que “les impiden decidir el mejor tratamiento según cada caso clínico”. Además, la norma introduce una burocracia “innecesaria, obligando a registrar cada receta en un sistema específico”.

Asimismo advirtieron que esta situación no solo afecta a la profesión veterinaria, sino que también “pone en riesgo la salud animal, la salud pública y el medioambiente”, ya que, en la práctica, “impide tratar adecuadamente a los animales”, lo que en algunos casos “puede llevar a la eutanasia por falta de opciones terapéuticas”.

Este cambio normativo ha generado “un amplio rechazo en el sector veterinario y entre los propietarios de mascotas”, que ven “cómo se limitan las opciones de tratamiento sin una justificación clara basada en la evidencia científica”. En este sentido, Ceve León defiende que los consumidores “tienen derecho a recibir servicios profesionales de quien mejor pueda ofrecérselos”, así como a contar con "la mayor facilidad para acceder a los medicamentos que necesitan”.

Por todo ello, los empresarios veterinarios solicitan la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, “eliminando la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento veterinario y permitiendo la libre dispensación de medicamentos por parte de los veterinarios en igualdad con el resto de los países comunitarios”, así como “la derogación del RD 666/2023 por incumplir la legislación europea y no ajustarse a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud animal y salud pública” y “el retorno inmediato al tipo reducido del IVA aplicado a los servicios veterinarios para garantizar la protección de la salud pública y mejorar la accesibilidad de la población”.